En Sarayaku celebraron los 10 años de victoria en CorteIDH

Para esta pequeña comunidad de 2.500 habitantes del pueblo originario kichwa, cada 27 de julio es un día de fiesta en el que se conmemora su mayor victoria judicial.

Para esta pequeña comunidad, cada 27 de julio es un día de fiesta en el que se conmemora su mayor victoria judicial / Foto: EFE

Con músicas y danzas ancestrales, la comunidad indígena de Sarayaku, en Ecuador, celebró este miércoles el décimo aniversario de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que sentó un precedente internacional al reconocer su derecho a la consulta previa frente al ingreso sin su consentimiento de una petrolera a su territorio, que terminó expulsada.

Para esta pequeña comunidad de 2.500 habitantes del pueblo originario kichwa, ubicada en la provincia ecuatoriana de Pastaza, fronteriza con Perú, cada 27 de julio es un día de fiesta en el que se conmemora su mayor victoria judicial, pero aún más si cabe este año por cumplirse la primera década de aquel veredicto.

Aquella sentencia, emitida en 2012, supuso un punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas al dictaminar que, en el caso de Sarayaku, habían sido vulnerados por el Estado ecuatoriano al no consultar a la comunidad si estaba de acuerdo con que se hiciera exploraciones petroleras en sus tierras.

En total fueron 16 años de lucha por parte de Sarayaku, desde que en 1996 el Gobierno de Ecuador dio una concesión de explotación petrolera a la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina sobre 200.000 hectáreas de selva amazónica, la mayoría en el territorio de la comunidad, hasta el que el tribunal internacional falló a su favor.

SENTENCIA TODAVÍA INCUMPLIDA

Sin embargo, pese a que ya han pasado diez años de la publicación de la sentencia, Sarayaku sigue sin poder descansar y mantiene su pulso judicial, ahora para lograr que se cumplan los dos principales puntos del fallo que siguen sin acatarse.

El primero es el retiro de aproximadamente 1.400 kilos de pentolita, un explosivo que aún permanece enterrado en algunos puntos de la comunidad tras haber sido dejado allí por la petrolera como parte de sus actividades de exploración.

El segundo es "la realización de una normativa legal que garantice una efectiva consulta previa, libre, informada y consentida para realizar cualquier proyecto dentro de los territorios indígenas, que tampoco ha sido cumplido", según advirtió a Efe el presidente de Sarayaku, Túpac Amaru Viteri Gualinga.

"Para nosotros no hay una garantía de no repetición mientras estos dos puntos importantes dentro de la sentencia no estén cumplidos", agregó el líder de la comunidad kichwa de Sarayaku.