Gobierno envía al Legislativo una polémica ley sobre dolarización

El Gobierno de Ecuador anunció este jueves que envío a la Asamblea Nacional (Legislativo), por tercera ocasión, un polémico proyecto de ley de defensa de la dolarización, cuya aprobación está atada a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional.

Gobierno envía al Legislativo una polémica ley sobre dolarización / Foto: EFE

El Gobierno de Ecuador anunció este jueves que envío a la Asamblea Nacional (Legislativo), por tercera ocasión, un polémico proyecto de ley de defensa de la dolarización, cuya aprobación está atada a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional.

El Ministerio de Economía, en un comunicado, indicó que el proyecto legal remitido hoy a la Asamblea fue revisado en unas "mesas técnicas" integradas por representantes del Ejecutivo, del Legislativo y de varias entidades de control.

El ministro de Economía, Mauricio Pozo, dijo confiar en que la revisión efectuada sobre el cuerpo legal permita "subsanar las preocupaciones" que tenía el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que rechazó en otras dos ocasiones su tratamiento por tener observaciones de forma y de carácter constitucional.

Pozo, en declaraciones reproducidas por su despacho, aseguró que el proyecto de ley remitido hoy a la Asamblea "mantiene los temas de fondo" que buscan defender la dolarización, así como la propuesta de devolución de independencia administrativa y financiera del Banco Central del Ecuador.

El ministro recordó que la competencia del CAL es "recibir y calificar el proyecto enviado, remitirlo a una comisión legislativa para su análisis y luego ser debatido por el pleno" de la Asamblea Nacional.

Insistió, además, en que el proyecto "no es algo que interese solo al actual gobierno, sino a todo el país, ya que busca cuidar al sistema de dolarización que es respaldado por el 95 por ciento de la población".

Este proyecto legal ha sido criticado por varios especialistas y grupos políticos que cuestionan que la normativa intente devolver la independencia política, financiera y administrativa al Banco Central.

Los opositores han considerado que con esa normativa se podrían volver a generar desequilibrios en el sistema financiero como ya ocurrió durante la crisis económica de 1998, considerada la peor de la historia nacional.

En esa época, una treintena de bancos fueron intervenidos por el Estado, en medio de una crisis de liquidez, cuyo salvamento terminó por costarle al erario nacional más de 8.000 millones de dólares.

El Gobierno, por contra, estima que con esa normativa el Banco Central protegerá las reservas internacionales sin la influencia de los gobiernos de turno, que podrían estar tentados a tomar parte de ese dinero para financiar gasto público.

El fortalecimiento del marco institucional del Banco Central figura en el acuerdo de crédito con el FMI, que Ecuador solicitó en octubre del año pasado por 6.500 millones de dólares. EFE