Lo que se quiere es garantizar que la pesca ilegal no sea procesada, comercializada, ni tenga puertas de acceso a través de países que son proveedores de la UE como Ecuador, por lo que se demanda una legislación que disuada a aquellos que en alta mar se dedican a la pesca ilegal al no permitirles ingresar a puertos ecuatorianos y aplicar las sanciones necesarias.
Además, se pide control tecnológico para que se levante la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea y evitar que se llegue al estatus de roja que impediría cualquier entrada de pesca al continente.
Por otro lado, se pronunció sobre la ley tributaria que -a su juicio- tiene medidas confusas. (PMB)
