La decisión del Gobierno de retirarle el asilo a Julian Assange, el 11 de abril pasado, solo cerró un capítulo en la relación del fundador de WikiLeaks con Ecuador.
Este lunes 29 de abril 2019 Carlos Poveda, quien forma parte del equipo de abogados del ‘hacker’ australiano, acudió a la Fiscalía General del Estado para solicitar que se investigue un supuesto espionaje contra su cliente, durante el último año que permaneció refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.
La acusación la presentó en contra de siete personas, entre ellas el jefe de la misión diplomática, Jaime Marchán, y cuatro empleados de una empresa encargada de custodiar el edificio.
Por parte de la Cancillería todavía no hay un pronunciamiento, mientras Poveda también aguarda el informe de dos relatores especiales de la ONU, tras haber visitado a Assange en una cárcel de la capital de Reino Unido.
A la par, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea avanza el trámite de una solicitud de juicio político en contra de la excanciller, María Fernanda Espinosa. Con este proceso, legisladores de la oposición pretenden que se determine responsabilidades por la entrega de la nacionalidad ecuatoriana a Assange que, según el Gobierno, se dio de manera irregular.
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