Quito- La Asamblea Nacional dio luz verde el 10 de junio a la nueva Ley Orgánica de Inteligencia, con 77 votos a favor. No tuvo objeciones por parte del presidente Daniel Noboa. La normativa, ya publicada en el Registro Oficial, busca fortalecer las operaciones de inteligencia y contrainteligencia frente al creciente crimen organizado y la delincuencia transnacional.
Sin embargo, varios de sus 58 artículos han causado controversia entre expertos y organizaciones de derechos humanos. La ley faculta a las operadoras telefónicas a entregar información de usuarios sin necesidad de una orden judicial.
Asimismo, el ente rector de inteligencia podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos y comunicaciones por razones de seguridad integral del Estado.
La obligatoriedad de entrega de información no se limita a empresas telefónicas o instituciones estatales; personas naturales y jurídicas también deberán proporcionar datos de manera “segura, directa, gratuita y oportuna” cuando el Sistema Nacional de Inteligencia lo requiera.
Además, la ley permite al Registro Civil emitir nuevas identidades a funcionarios públicos para operaciones encubiertas.
Si bien el Gobierno argumenta que la ley es crucial para desmantelar redes criminales y dotar de mayores capacidades a las fuerzas del orden, las preocupaciones se centran en las posibles vulneraciones a la privacidad, los derechos ciudadanos y la libertad de expresión al permitir el acceso a información sensible sin el debido control judicial.
La falta de mecanismos de supervisión transparentes para el manejo de esta información sensible añade una capa de inquietud a esta normativa que ya está generando un intenso debate en el país.
