La Corte Constitucional (CC) está por finalizar el proceso de renovación de tres de sus nueve jueces en medio de las críticas de sectores sociales y de trabajadores que han acudido a esta para echar abajo leyes o decisiones judiciales que, según estos, los afectan; o para lograr la aprobación de iniciativas de consultas populares.
Estos reclaman, principalmente, la demora en la resolución de sus peticiones. Alegan injerencias políticas.
Con Patricio Pazmiño en la presidencia en los últimos siete años (primero en la Corte de Transición desde el 2008, y luego en la denominada “primera” Corte elegida en el 2012), la institución es cuestionada por no dar respuesta rápida a casos como el de los trabajadores de la Cervecería Nacional que reclaman el pago de haberes; el Decreto 16, que regula a las organizaciones sociales; las leyes de Aguas y de Justicia Laboral; o pedidos de consulta popular para que no se dé paso a las enmiendas constitucionales.
Cifras divulgadas por el órgano citan que entre la Corte de Transición y la primera, que abarca un periodo del 6 de noviembre de 2012 al 30 de septiembre de 2013, ingresaron 7.190 casos. De ellos, el pleno resolvió sobre 800, mientras que en la Sala de Admisión permanecieron 2.616, y en la Sala de Selección, 1.473.
En un último informe, de octubre de 2013 a octubre de 2014, se detalla que llegaron 3.562 casos, de los que apenas en 509 hubo un pronunciamiento.
El litigio de la Cervecería Nacional (CN) reposa hace casi cinco años en la Corte.
El caso se inició el 22 de julio de 2008: cerca de 160 exempleados de la Cervecería exigieron el pago de las utilidades de 16 años (de 1990 al 2005), monto que, según ellos, ascienden a más de $ 90 millones.
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