Medio Ambiente

Energía

Acción de protección contra el Estado y petroleras por derrame de crudo

29/04/2020 Primicias

 Autoridades de Sucumbíos y del Ministerio de Energía realizaron recorridos para constatar la situación respecto a la ruptura de tuberías del SOTE y OCP, en el sector de San Rafael, el 9 de abril de 2020. - Foto: @Gobersucumbios

Autoridades de Sucumbíos y del Ministerio de Energía realizaron recorridos para constatar la situación respecto a la ruptura de tuberías del SOTE y OCP, en el sector de San Rafael, el 9 de abril de 2020. - Foto: @Gobersucumbios

Este 29 de abril, los supuestos afectados presentaron el recurso legal ante un juez en el cantón Francisco de Orellana. El derrame se dio por la rotura de los oleoductos en la zona de San Rafael, el 7 de abril.

Según la acción legal, unas 105 comunidades indígenas, ubicadas en las riberas de los ríos Coca y Napo, fueron afectadas por la rotura y el posterior derrame de crudo.

El 7 de abril, deslizamientos de tierra a lo largo del cauce del río Coca, en el límite entre Napo y Sucumbíos, rompieron tres tuberías:

El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

El Poliducto Shushufindi-Quito.

Ahora, los pobladores de la zona buscan reparaciones. Lina María Espinosa, parte del equipo legal de los afectados, explicó que la acción de protección se interpuso por la contaminación petrolera y está dirigida contra el Gobierno, así como a las empresas Petroecuador y OCP.

“Las medidas para atender a las poblaciones afectadas son ineficaces y tampoco se ha informado el verdadero nivel de barriles derramados”. Lina María Espinosa ?

La acción legal es auspiciada por la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) y los obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos.

“Es una demanda de acción de protección que busca la reparación y protección de derechos. Eso no quita la posibilidad que los afectados soliciten reclamaciones civiles“, añadió Espinosa.

La acción de protección, que incluye un pedido de medidas cautelares, fue presentada ante un juez en el cantón Francisco de Orellana.

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