jueves, 16 de julio de 2026
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Concesiones mineras en Perú superan los 22 millones de hectáreas

Únicamente 2,3 millones de hectáreas se encuentran en uso efectivo, mientras crece el debate sobre la gestión de las concesiones

Durante el primer semestre de 2026, Perú registró 67 proyectos mineros activos, con una cartera de inversión estimada en 64.000 millones de dólares / Foto: cortesía Tecnología Minera

Lima- Las concesiones mineras en Perú alcanzaron 22,67 millones de hectáreas hasta mayo de 2026, lo que equivale al 17,6 % del territorio nacional, según datos recopilados por el geoportal de CooperAcción. La cifra representa un incremento de 2,6 millones de hectáreas en comparación con el mismo período del año anterior.

Pese al crecimiento de las concesiones, especialistas advierten que solo 2,3 millones de hectáreas registran actividad minera efectiva, considerando etapas de exploración, explotación, plantas de beneficio y procesos de cierre.

Las regiones con mayor proporción de territorio concesionado son Apurímac, donde el 76,5 % de su superficie está destinada a actividades mineras, seguida por La Libertad (63,1 %), Áncash (55,1 %), Lima (48,8 %), Moquegua (48 %) y Arequipa (46,8 %).

De acuerdo con el investigador de CooperAcción, José de Echave, el aumento responde al actual ciclo de altos precios internacionales de minerales como el cobre, el oro y la plata, que ha impulsado un mayor interés de las empresas por desarrollar nuevos proyectos de exploración.

Durante el primer semestre de 2026, Perú registró 67 proyectos mineros activos, con una cartera de inversión estimada en 64.000 millones de dólares. Además, la inversión ejecutada en el sector alcanzó los 1.500 millones de dólares, un incremento del 43,7 % respecto al mismo período de 2025. La mayor parte de esos recursos se concentra en el sur del país.

No obstante, analistas sostienen que la expansión de las concesiones plantea interrogantes sobre el uso real de los territorios otorgados. De las más de 22 millones de hectáreas concesionadas, cerca del 90 % permanece sin actividad minera directa, una situación que reabre el debate sobre la administración de estos espacios y la posible especulación con derechos mineros.

Especialistas también consideran que el próximo Gobierno deberá definir su estrategia frente a la minería informal y fortalecer los mecanismos de gobernanza del sector, incluyendo la participación de comunidades indígenas en las decisiones relacionadas con el desarrollo de proyectos extractivos.