Quito- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 como política pública de aplicación nacional, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 448 firmado este martes 14 de julio de 2026.
El documento establece los lineamientos que deberán seguir las instituciones del Estado durante los próximos años para fortalecer las acciones de seguridad, bajo un enfoque integral que incluye prevención, protección, respuesta y recuperación frente a distintas amenazas.
El plan fue aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) el pasado 9 de marzo de 2026 y plantea una estrategia basada en la coordinación entre entidades gubernamentales para mejorar las capacidades estatales frente a escenarios de violencia y criminalidad.
Según el decreto, la política se implementará en el contexto del conflicto armado interno declarado por el Gobierno y busca reducir los niveles de conflictividad, reforzar la respuesta institucional e impulsar la cooperación internacional contra estructuras del crimen organizado transnacional.
Varias instituciones estarán a cargo de la ejecución
La aplicación del Plan Nacional de Seguridad Integral estará bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Estas entidades deberán coordinar acciones dentro de sus competencias para cumplir los objetivos definidos en la estrategia nacional.
El documento identifica nueve amenazas prioritarias para la seguridad del país: crimen organizado, extremismo violento, intrusión extranjera, minería ilegal, narcotráfico, terrorismo, subversión, corrupción y ciberataques.
El Gobierno sostiene que el plan permitirá articular una respuesta conjunta del Estado ante estos riesgos y fortalecer los mecanismos de prevención y control. La ejecución de las medidas previstas será responsabilidad de las instituciones involucradas, que deberán desarrollar acciones conforme a sus atribuciones legales.
