El cambio de estrategia de seguridad que implementará el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, desde el próximo 7 de agosto ha puesto en alerta a las autoridades ecuatorianas, que prevén un posible incremento de la actividad de grupos armados y organizaciones dedicadas al narcotráfico en la frontera norte.
Entre las primeras medidas anunciadas por el futuro mandatario colombiano consta la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, creada durante el gobierno de Gustavo Petro para impulsar negociaciones con grupos armados ilegales. De la Espriella ha señalado que priorizará una estrategia enfocada en el control territorial y el combate directo contra las estructuras criminales.
El mandatario electo también ha planteado retomar las fumigaciones de cultivos ilícitos de coca y autorizar operaciones militares contra campamentos de organizaciones vinculadas al narcotráfico. Según sus declaraciones, estas acciones buscan reducir la producción de coca y recuperar zonas bajo influencia de grupos ilegales.
La posibilidad de una ofensiva militar en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, que concentran una parte importante de los cultivos de coca y limitan con Ecuador, ha generado preocupación en el Bloque de Seguridad. Informes de inteligencia militar advierten que las organizaciones criminales podrían responder con un aumento de la violencia o trasladar parte de sus operaciones hacia la zona fronteriza.
En esa región operan varias estructuras armadas, entre ellas disidencias de las extintas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos dedicados al narcotráfico y economías ilegales.
Frente a este escenario, las Fuerzas Armadas ecuatorianas intensificaron los patrullajes y controles en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, consideradas puntos estratégicos para el tráfico de drogas y el accionar de organizaciones transnacionales.
Como parte de estas operaciones, las autoridades informaron sobre la destrucción reciente de cinco hectáreas de cultivos de coca y un laboratorio de procesamiento en el sector de La Balastrera, en Sucumbíos. Además, se mantiene el despliegue permanente de personal militar y aeronaves a lo largo de los 735 kilómetros de frontera compartida con Colombia, con el objetivo de prevenir posibles efectos derivados del cambio de estrategia de seguridad en el país vecino.
