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Pueblos Indígenas

Ecuador: líder sarayaku Patricia Gualinga defiende su territorio a pesar de las amenazas

19/03/2018 Mongabay - ISABEL RIOFRIO

La lucha por proteger el territorio y el medio ambiente en Latinoamérica cuesta, y muchas veces cuesta la vida. Solo en el año 2017 fueron asesinados en la región 116 defensores del medio ambiente y la mayoría por proteger sus territorios de actividades como la agroindustria, la minería, la caza furtiva y la explotación forestal, según el último informe de la organización británica Global Witness.

La defensora Sarayaku Patricia Gualinga durante la rueda de prensa donde denunció las amenazas recibidas durante la madrugada del 5 de enero del 2018. Foto: Mongabay La defensora Sarayaku Patricia Gualinga durante la rueda de prensa donde denunció las amenazas recibidas durante la madrugada del 5 de enero del 2018. Foto: Mongabay

La defensora Sarayaku Patricia Gualinga durante la rueda de prensa donde denunció las amenazas recibidas durante la madrugada del 5 de enero del 2018. Foto: Mongabay

La lucha por proteger el territorio y el medio ambiente en Latinoamérica cuesta, y muchas veces cuesta la vida. Solo en el año 2017 fueron asesinados en la región 116defensores del medio ambiente y la mayoría por proteger sus territorios de actividades como la agroindustria, la minería, la caza furtiva y la explotación forestal,  según el último informe de la organización británica Global Witness. Es por esto que las amenazas que recibió la defensora y lideresa Sarayaku Patricia Gualinga en su casa, en la ciudad del Puyo, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, preocuparon tanto y volvieron a levantar las alertas sobre la situación de peligro que enfrentan los líderes comunitarios todos los días.

Fue en la madrugada del 5 de enero que Gualinga fue sorprendida por un hombre que rompió de una pedrada la ventana de su habitación y lanzó una atemorizante amenaza de muerte. “La próxima te mato, me dijo varias veces”, relató Patricia Gualinga en una entrevista con Mongabay Latam. Su esposo y sus padres fueron testigos de ese episodio. “Me quedé impactada, nadie me ha amenazado durante mi dirigencia”, contó. Casi enseguida, un patrullero de la policía que pasaba por el lugar fue detrás del atacante pero nunca más regresó. Al día siguiente, narró la líder sarayaku, se acercó a la Fiscalía Provincial de Pastaza a presentar su denuncia. Aunque en un inicio su testimonio no fue recibido argumentando la falta de un parte policial, finalmente el delito fue registrado.

Gualinga aceptó conversar con Mongabay Latam y recordó algunos episodios de ese día. “Me di cuenta que era una cuestión dirigida”, aseguró la lideresa indígena, quien durante los últimos 20 años ha concentrado sus esfuerzos en denunciar la violación de los derechos de los pueblos amazónicos que están en contra de la operación de  proyectos extractivistas en sus territorios. Sin embargo durante los pasados seis meses, Patricia Gualinga ha hecho base en el Puyo para cuidar de su padre, aunque en noviembre participó de la Cumbre sobre el Cambio Climático COP23, en Alemania, para denunciar la situación de las comunidades amazónicas.

Según la Fiscalía General del Estado, el delito se registró bajo la figura de intimidación tipificado en el artículo 154 del Código Integral Penal, que especifica que “la persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. La oficina judicial añadió, en una respuesta enviada por escrito a Mongabay Latam, que se ha procedido “a la toma de versiones, reconocimiento del lugar de los hechos, delegación para la investigación operativa a la Unidad de Investigación de la Policía Nacional, dirigida por el fiscal de la causa”.

Asimismo, en la misma carta indica la Fiscalía General del Estado que “se ha requerido el ingreso de la denunciante y su cónyuge al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal, otorgándole medidas de protección policial  semipermanente, así como de asistencia psicológica”.

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