Ecuador no ha tenido Superintendente de Bancos titular por 3 años

La situación ha generado inseguridad jurídica, según los bancos privados y otras entidades

Desde 2022, Ecuador no cuenta con un Superintendente de Bancos oficial / Foto: cortesía Superintendencia de Bancos

Quito- Este febrero se cumplen tres años de que la exsuperintendenta de Bancos, Ruth Arregui, fue destituida de su cargo luego de un juicio político iniciado por la Asamblea Nacional. En ese entonces, el bloque de Pachakutik presentó la moción y se consiguieron los votos para sacar a la funcionaria por causas como falta de supervisión en el caso Don Naza (captación irregular de fondos) o insuficientes alivios a la población en cuanto a perdones crediticios tras la pandemia de Covid-19. Arregui debía permanecer en el cargo hasta el año pasado.  

Desde ese entonces, desde 2022, el país no cuenta con un Superintendente de Bancos oficial. Su nombramiento ha caído en la cancha política y, con ello, en las disputas. El Oriente conoció que hay incomodad de entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) por los inconvenientes, lo cual también abona en la inseguridad jurídica del país.  

En 2022, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) nombró a Raúl González, pero no pudo asumir por una acción de protección. A él se lo vincula con el correísmo. En ese entonces, el expresidente Guillermo Lasso, señalaba que desconocía a González.  

Tras un nuevo concurso, Roberto Romero von Buchwald fue nombrado Superintendente de Bancos en diciembre de 2022.  

Al embrollo se agrega un fallo de la Corte Constitucional, en el que se menciona que se habían violentado los derechos de González. El CPCCS interpretó ese fallo como un visto bueno para que González asuma la superintendencia. Romero también ha impulsado acciones ante la CPCCS, que fue allanada el viernes, 24 de enero. 

En ese contexto, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), considera que “se ha configurado un escenario de inseguridad jurídica para todos los ecuatorianos”. La asociación señala que, en diciembre de 2024, la Corte Constitucional emitió la Sentencia No. 372-23-EP/24, en la que se determinó que en sí misma constituía una reparación y resolvió que no se debía afectar el nuevo proceso llevado a cabo para la selección de la nueva autoridad de la Superintendencia de Bancos.

El pleno del CPCCS aprobó una resolución que interpreta dicha sentencia, sembrando incertidumbre al proceso, según Asobanca. “Con estos antecedentes, y acogiendo lo resuelto por la Corte Constitucional como la decisión que debe primar sobre cualquier otra, llamamos a retomar la senda de la seguridad jurídica que toda sociedad y actividad requiere para su desarrollo”. 

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