judicialmente hablando, que ha enfrentado la organización que dejó de tener injerencia directa en el Ejecutivo en mayo del 2017.
Ricardo Patiño, canciller en gobierno de Rafael Correa, fue la primera figura de importancia del correato que fue llevado a las cortes. Se lo acusó del delito de instigación luego de que en un discurso llamara a tomarse entidades públicas y protestar en las calles en contra del gobierno de Lenín Moreno.
Su calidad de prófugo hace que la etapa de juzgamiento no avance, pues el delito del que se lo acusa no puede ser juzgado en ausencia. Ecuador solicitó notificación roja para el excanciller, pero Interpol la negó.
Algo parecido vive el superintendente de Comunicación del régimen de Correa, Carlos Ochoa, quien mantiene un refugio “humanitario” en México. Él fue llamado a juicio por falsificación ideológica en la Ley de Comunicación, pero al también estar prófugo la etapa de juzgamiento está suspendida.
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