viernes, 17 de julio de 2026
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Estado proyecta USD 276 millones en ingresos tras ampliar contrato del bloque Pindo

La operación del Bloque 65 continuará hasta 2037 tras la firma de una modificación contractual con PCR Ecuador

La firma del Contrato Modificatorio No. 5 estuvo encabezada por el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum / Foto: cortesía MAE

Quito- El Gobierno firmó este 16 de julio la extensión del contrato de operación del Bloque 65 – Pindo con la empresa PCR Ecuador, un acuerdo que prevé una inversión de más de USD 69 millones y proyecta ingresos cercanos a USD 276 millones para el Estado durante la vigencia del contrato.

La modificación contractual, suscrita por el Ministerio de Ambiente y Energía, amplía la operación del bloque hasta el 31 de diciembre de 2037. Según las proyecciones oficiales, el campo alcanzará una producción acumulada de 9,39 millones de barriles de petróleo entre 2026 y 2037.

El plan de inversión contempla la perforación de tres pozos exploratorios y cuatro pozos de desarrollo, además del reacondicionamiento de tres pozos existentes mediante técnicas de fracturamiento hidráulico para mejorar la recuperación de crudo.

También incluye la construcción de nuevas facilidades de producción, sistemas para la captación y compresión de gas asociado, así como estudios para evaluar la implementación de un proyecto de generación de energía fotovoltaica en el bloque.

La firma del Contrato Modificatorio No. 5 estuvo encabezada por el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, quien señaló que el proceso fue resultado de negociaciones técnicas, económicas, legales y socioambientales orientadas a optimizar la operación del campo y mantener condiciones para la inversión en el sector petrolero.

De acuerdo con el Ministerio, el acuerdo busca fortalecer la producción del bloque y generar recursos adicionales para el Estado, además de impulsar programas sociales y la contratación de mano de obra local en las zonas de influencia del proyecto.

La cartera de Estado indicó que las actividades previstas deberán desarrollarse conforme a la normativa ambiental vigente y a los compromisos establecidos en el contrato.