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Energía
Gobierno inicia proceso para adjudicar planta eléctrica de 400 MW a gas natural en el litoral
El proyecto contempla una inversión estimada de USD 833 millones y será adjudicado bajo el criterio del menor costo de generación de energía
Quito- El Gobierno de Ecuador inició el proceso público de selección para adjudicar la construcción, operación y mantenimiento de una planta de generación eléctrica de 400 megavatios (MW) que funcionará con gas natural y se instalará en el litoral del país.
El lanzamiento del proceso se realizó este 9 de marzo en Quito, con la participación de cerca de 80 representantes e inversionistas vinculados a empresas privadas, compañías y operadoras del sector energético interesadas en el proyecto.
La iniciativa contempla el desarrollo de una central de ciclo combinado que producirá electricidad a partir de la combustión de gas natural y el uso de vapor de agua para optimizar la generación. La adjudicación se definirá bajo el criterio del menor valor de la energía ofertada, siempre que los participantes cumplan con los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en el proceso.
Durante el evento, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, señaló que la iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno del presidente Daniel Noboa para fortalecer el sistema eléctrico nacional y garantizar un suministro energético confiable.
Según explicó, el proyecto prevé una inversión aproximada de 833 millones de dólares, que será asumida en su totalidad por la empresa que resulte adjudicataria tras completar todas las fases del proceso.
El esquema de concesión tendrá un plazo de 25 años e incluirá varias etapas, entre ellas los estudios de factibilidad, el desarrollo de diseños definitivos, la gestión de terrenos y permisos, así como el aseguramiento del suministro de gas natural necesario para la operación de la planta.
Además, el proyecto contempla la construcción de la central de generación de ciclo combinado, la instalación de la línea de transmisión asociada y la posterior operación y mantenimiento de la infraestructura.
De acuerdo con las autoridades, el proceso busca atraer inversión privada al sector eléctrico mediante mecanismos que garanticen transparencia, seguridad jurídica y participación empresarial, con el objetivo de fortalecer la capacidad de generación energética y respaldar el desarrollo productivo del país.
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