Entre representantes de servidores de salud, exfuncionarios y otros interesados, 190 personas fueron convocadas ayer a la lectura del borrador del informe de la Contraloría sobre derivaciones y pagos a las clínicas privadas que contrató el IESS, en Quito, entre el primero de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.
Los resultados preliminares develaron que en los períodos en los que estuvieron al frente de la institución Ramiro González y Richard Espinosa, hubo irregularidades al menos en cuatro aspectos.
Por estas anomalías habría un perjuicio a la institución por al menos 63’247.000 dólares. González fue capturado la semana pasada en Perú por los procesos legales en su contra y Espinosa vive actualmente en Canadá. En su cuenta de Twitter su último mensaje fue el año pasado.
La principal irregularidad, por el monto, fue que se pagaron ‘abonos’ previos a las clínicas, a pesar de que la figura no está contemplada en la Ley. Por esas acciones, pagos por 45’573.000 dólares serían injustificados.
Asimismo, 15’769.939 dólares que se pagaron a clínicas, hospitales y otras entidades de salud no se justificarían por falta de documentación que se habría perdido, porque no existía un lineamiento para la custodia y la administración del archivo.
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