Al menos cinco denuncias reposan en la Fiscalía contra Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en relación con el paro registrado en octubre pasado.
Tres están dirigidas solo contra él, mientras que dos alcanzan a otros dirigentes sociales.
Las protestas se dieron entre el 3 y 13 de octubre en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina extra y el diésel.
Varios actores se movilizaron pero el sector indígena –con Vargas a la cabeza– fue el más visible.
El pasado 17 de octubre el exvicepresidente Alberto Dahik pidió a la Fiscalía que lo investigue por el delito de terrorismo, argumentando que se habría cometido cuando el líder indígena ordenó cerrar las llaves de pozos petroleros y del oleoducto.
“El Ecuador dejó de exportar más de cien millones de dólares y se destruyeron las instalaciones petroleras”, se indica en la denuncia.
El 21 de octubre el presidente de la Corporación Internacional de Defensa de Derechos Ciudadanos, Carlos Coloma, y el abogado Manuel Pérez demandaron a Vargas por el delito de odio por sus expresiones contra las personas con discapacidad.
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