El 2 de mayo del 2019, la ministra del Interior y de Gestión de la Política, María Paula Romo, dispuso oficialmente que la Inspectoría General de la Policía inicie una investigación sobre los hechos que relata el estudio La trata ante el espejo, cuyos contenidos afirman que agentes del Estado ecuatoriano (policías y militares) y administradores del sistema de justicia del Ecuador serían encubridores y cómplices de redes de trata de personas y esclavitud sexual de mujeres en cuatro provincias de la Frontera Norte: Sucumbíos, Carchi, Imbabura y Esmeraldas.
La ministra Romo dispuso que se ponga “especial atención a quienes serían los funcionarios policiales supuestamente involucrados en estos hechos”. Además ordenó a la Inspectoría una investigación para conocer “qué está ocurriendo ahora mismo en estas provincias en relación al delito de trata de personas y la posible vinculación de servidores” de la Policía Nacional.
El informe, al que tuvo acceso este portal, lo conocieron altas autoridades del Ministerio del Interior en 2011. Una socióloga contó a Plan V que el documento fue presentado en un hotel de La Mariscal, en Quito, a diversos representantes de la sociedad civil y expertos. Estuvieron funcionarios de la Unidad contra la Trata de Interior de aquel entonces y del Fomento de Seguridad Integral en Frontera Norte (FOSIN), entidad que financió la investigación.
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