Proyecto Curipamba avanza tras nueva victoria judicial

Es operado por las canadienses Adventus Mining y Salazar Resources

Decenas de personas festejaron la decisión de la Corte Provincial de Bolívar / Foto: cortesía Curiming

Bolívar- El 12 de noviembre, los jueces Nelly Núñez, Rances Astudillo y Álvaro Ballesteros, de la Corte Provincial de Bolívar, rechazaron la apelación contra una sentencia de primera instancia, de julio pasado, en contra del proyecto de cobre y oro Curipamba. 

En esa sentencia se desestimó la acción de protección presentada por supuestos incumplimientos, omisiones y afectaciones durante el proceso de consulta ambiental realizado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), previo a la emisión de la licencia ambiental para la fase de explotación. 

Pobladores de varias comunidades rurales, entre ellas Jerusalén, auspiciados por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y activistas antimineros aducían, entre otras cosas que la consulta ambiental que realizó el MAATE vulneró su derecho a la participación. 

Los jueces señalaron que a pesar de que varios moradores de la población de Jerusalén admitieron que su falta de participación en la consulta fue voluntaria, el MAATE instaló una asamblea consultiva en la zona de influencia indirecta (Naves Urbano) para la participación de esta y otras comunidades que se consideraban afectadas. 

El tribunal también sostuvo que la población tuvo el tiempo suficiente y los mecanismos para informarse del proyecto minero, pues para el acceso a la información sobre la consulta ambiental el MAATE utilizó 4 centros de información pública permanentes. Se realizaron 4 asambleas informativas y 6 talleres de socialización ambiental. Y se recopiló el voto de todos los participantes, junto al razonamiento de su decisión en el informe de sistematización de la fase consultiva. 

Expertos señalan que el fallo puede ayudar a otros proyectos que enfrenten acciones judiciales en cortes locales. 

“En términos jurídicos es un fallo importante que puede sentar precedentes para casos similares pues los jueces dejaron claro cuándo son procedentes las acciones de protección”, dijo a El Oriente el abogado experto en derecho minero, Andrés Ycaza. 

Ycaza añadió que los jueces también marcaron la cancha de lo que es consulta ambiental y lo que es consulta previa, en dónde debe aplicarse cada una de estas, cómo deben realizarse y a quiénes, cómo se determina el área de influencia. Es importante no solo para este proyecto, sino para otros que pueden tener problemas por acciones de protección o similares que se presenten en las cortes. 

Curipamba, que debiera ser la tercera mina de escala industrial en Ecuador, es operado por las canadienses Adventus Mining y Salazar Resources. 

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