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Transporte pesado presiona al Gobierno y advierte posible paralización
Gremio da 15 días para respuestas mientras el Ejecutivo analiza extender compensaciones temporales
Según cifras oficiales, el Estado ha destinado más de 177 millones de dólares en compensaciones para cerca de 57.000 transportistas / Foto: cortesía El Universo
El gremio del transporte pesado en Ecuador advirtió que podría detener sus operaciones si el Gobierno no atiende sus demandas frente al incremento del diésel, en un plazo de 15 días, en medio de un escenario de tensión por el impacto de la eliminación del subsidio a los combustibles.
El presidente de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape), Fernando Ortiz, señaló que el sector enfrenta una situación insostenible debido al aumento de costos operativos, que se han triplicado desde septiembre de 2025, cuando el galón de diésel pasó de 1,80 a cerca de 2,96 dólares bajo un sistema de bandas vinculado al mercado internacional.
Aunque descartó una paralización inmediata, el dirigente advirtió que, de no existir soluciones, los transportistas podrían “apagar motores” de forma progresiva.
Entre los principales pedidos del sector están la suspensión del alza mensual del diésel, la focalización de subsidios para transportistas formales y la implementación de un mecanismo que permita ajustar las tarifas en función del precio del combustible.
Por su parte, el Gobierno, a través de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, indicó que se analiza extender por uno o dos meses adicionales las compensaciones económicas entregadas al sector tras la eliminación del subsidio, aunque aclaró que no se prevé prolongarlas más allá de ese plazo.
Según cifras oficiales, el Estado ha destinado más de 177 millones de dólares en compensaciones para cerca de 57.000 transportistas desde que se eliminó el subsidio al diésel.
El Ejecutivo también sostiene que mantiene mesas de diálogo con el sector y que existen compromisos en marcha dentro de una hoja de ruta liderada por el Ministerio de Transporte. Sin embargo, los transportistas aseguran que hasta ahora no han recibido respuestas concretas a sus planteamientos.
El conflicto se desarrolla en un contexto de ajustes económicos impulsados por el Gobierno para reducir el gasto en subsidios, una medida que ha generado presiones en distintos sectores productivos y de transporte.
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