Asamblea Nacional abre investigación patrimonial a alcaldes y prefectos en Ecuador

El proceso abre un nuevo frente político entre oficialismo y oposición a meses de las elecciones seccionales

Entre las resoluciones también consta la recomendación de que el Concejo Metropolitano de Quito analice el proceso de compra de los trolebuses / Foto: cortesía Asamblea Nacional

Quito- El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el inicio de un proceso de fiscalización sobre las declaraciones patrimoniales de alcaldes y prefectos de todo el país, en una decisión que obtuvo 85 votos a favor y que se sustenta en reportes periodísticos sobre variaciones registradas ante la Contraloría General del Estado.

Según lo expuesto en el debate legislativo, se revisaron los registros de 225 alcaldes y 23 prefectos, identificándose 79 casos con variaciones patrimoniales que serán analizadas dentro del proceso de control político. La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrá un plazo de 90 días para emitir un informe con los resultados de la investigación.

La iniciativa ha sido defendida por el bloque oficialista como un mecanismo de control institucional, mientras que sectores de la oposición cuestionan la competencia del Legislativo para intervenir en la fiscalización de gobiernos autónomos descentralizados.

En paralelo, el Pleno también aprobó que la Comisión de Relaciones Internacionales investigue la adquisición de 60 trolebuses realizada por el Municipio de Quito en 2025. Desde la bancada oficialista se sostiene que existirían indicios de un posible perjuicio económico no detectado en su totalidad por la Contraloría General del Estado.

Durante el debate, el legislador Fernando Jaramillo señaló que una proforma del fabricante evidenciaría que la compra pudo haberse realizado mediante contratación directa y a un costo menor, con una diferencia estimada de alrededor de seis millones de dólares.

El caso generó respuesta inmediata desde la oposición. La legisladora Liliana Durán, de la Revolución Ciudadana, defendió la gestión del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, al señalar que la adquisición de los trolebuses ha tenido impacto positivo en la movilidad urbana y en la reducción del impacto ambiental, además de advertir un trasfondo político en las investigaciones en curso.

Desde otra postura crítica, el legislador socialcristiano Alfredo Serrano cuestionó que la Asamblea Nacional asuma procesos de control sobre municipios y prefecturas, al considerar que estas competencias corresponden a los propios órganos de los gobiernos locales. Además, planteó que el Parlamento debería priorizar la fiscalización de la función ejecutiva del Gobierno central.

Entre las resoluciones también consta la recomendación de que el Concejo Metropolitano de Quito analice el proceso de compra de los trolebuses. Sin embargo, el escenario político en la capital podría complejizar la revisión, debido a la mayoría de concejales alineados con el correísmo dentro del cabildo quiteño.

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