El 31 de octubre, la secretaria Anticorrupción Dora Ordónez solicitó a la Fiscalía que se investigue a Doris Soliz. Se pide indagarla por presuntos delitos contra la administración público, dentro del caso Coopera.
Según la información presentada por la Secretaría, en enero de 2014 el Instituto de Economía Popular y Solidaria habría comprado el negocio e inmuebles de la extinta cooperativa.
La adquisición por USD 10,2 millones fue autorizada por Soliz, en ese entonces ministra de Inclusión Económica y Social (MIES) del gobierno de Rafael Correa.
“La investigación penal debe esclarecer por qué la exministra del MIES aprobó esa transacción. Aparentemente no existe base legal que sustente la acción”, dice el comunicado de la Secretaría.
El cierre y disolución del caso Coopera en 2013 perjudicó a 113.000 familias, casi todas de las provincias de Azuay y Cañar.
