Ecuador analiza reformas a la Ley de Minería para impulsar inversiones

La ley busca modernizar el marco normativo, reducir trabas regulatorias y generar mayor atracción de inversiones

Las exportaciones del sector pasaron de 651 millones de dólares en 2019 a más de 3.324 millones en 2023 / Foto: cortesía Asamblea Nacional

Quito- La Asamblea Nacional tramita el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, enviado por el Ejecutivo con carácter urgente. La iniciativa busca modernizar el marco normativo del sector minero, reducir trabas regulatorias y generar mayor atracción de inversiones en una industria que se ha convertido en una fuente relevante de ingresos para el país.

En los últimos años, la minería ha incrementado su peso en la economía ecuatoriana. Las exportaciones del sector pasaron de 651 millones de dólares en 2019 a más de 3.324 millones en 2023, impulsadas principalmente por proyectos de gran escala como Mirador y Fruta del Norte. El Gobierno considera que la reforma también ayudaría a enfrentar los retos fiscales y la brecha de financiamiento estimada para 2026.

Cambios en fases de desarrollo y permisos ambientales

Uno de los principales ajustes propuestos es la reducción de las etapas de desarrollo minero de cuatro a dos: exploración y explotación. La fase de exploración podría extenderse hasta 15 años e incluir subfases técnicas como estudios iniciales, exploración avanzada y evaluación económica.

La reforma también plantea modificar los procesos ambientales. Las actividades de bajo impacto requerirían un registro ambiental, mientras que proyectos de mediano y alto impacto seguirían necesitando licencias ambientales. Según representantes del sector, los controles ambientales se mantendrían sin flexibilizaciones.

Nuevas reglas para concesiones y fortalecimiento del sector

El proyecto introduce cambios en la patente de conservación de áreas mineras, estableciendo pagos progresivos para los concesionarios. Además, se contempla la creación de clústeres productivos y mecanismos para garantizar seguridad estratégica a proyectos cercanos a iniciar operaciones.

Expertos del sector señalan que, aunque la reforma generaría mayor certeza jurídica, el país aún necesita políticas públicas de largo plazo y la reapertura del catastro minero para fortalecer la competitividad de la industria.

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