El proyecto de La Ley de Repetición ya pasó el primer debate en la Asamblea Nacional

Aunque el debate público se ha concentrado en el caso Chevron, el contenido del proyecto tiene un alcance más amplio

El texto también precisa que la responsabilidad es personal / Foto: cortesía Asamblea Nacional

Quito- El proyecto de Ley Orgánica de Repetición, actualmente en análisis legislativo, desarrolla por primera vez un marco legal específico para aplicar una figura que ya está prevista en la Constitución, pero que hasta ahora carecía de regulación operativa. El texto define los mecanismos mediante los cuales el Estado puede exigir a servidores públicos, exservidores o autoridades el reembolso de recursos pagados como indemnización, cuando una sentencia nacional o internacional haya determinado responsabilidad estatal derivada de acciones u omisiones cometidas con dolo o culpa grave.

De acuerdo con el articulado, que ya pasó el primer debate en la Asamblea Nacional, la acción de repetición solo puede iniciarse una vez que exista una resolución definitiva que obligue al Estado al pago de una indemnización y cuando se pueda establecer un nexo causal directo entre la conducta del agente público y el perjuicio que dio lugar a la condena. Es decir, el proyecto excluye la posibilidad de iniciar procesos automáticos o políticos, y condiciona la repetición a una evaluación jurídica previa claramente delimitada.

El texto también precisa que la responsabilidad es personal, lo que implica que la eventual recuperación de recursos debe realizarse con el patrimonio del responsable, y no con fondos públicos ni institucionales. Para ello, la norma establece reglas para determinar el grado de participación individual, diferenciando entre decisiones directas, omisiones relevantes y actuaciones conjuntas, lo que busca evitar imputaciones genéricas o solidarias sin sustento técnico.

Otro elemento central del proyecto es la delimitación del procedimiento administrativo y judicial para hacer efectiva la repetición. El documento señala etapas de análisis, plazos y garantías procesales, tanto para el Estado como para los presuntos responsables, incluyendo el derecho a la defensa y a la contradicción de pruebas. Asimismo, se establece que la acción no es imprescriptible, sino que debe ejercerse dentro de un plazo determinado contado desde la ejecución del pago de la indemnización.

Aunque el debate público se ha concentrado en el caso Chevron, el contenido del proyecto tiene un alcance más amplio. La norma es aplicable a cualquier condena que derive de violaciones a derechos, deficiencias en la prestación de servicios públicos o actuaciones irregulares en el ejercicio de potestad pública, siempre que se configure dolo o culpa grave. En ese sentido, el texto busca cerrar un vacío legal que, hasta ahora, ha impedido al Estado recuperar recursos en casos de responsabilidad internacional o patrimonial debidamente acreditada.

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