Quito- La compañía Terraturismo S. A. presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra los dirigentes indígenas Marlon Vargas y Leonidas Iza, además de otras cuatro personas y un grupo adicional por identificar, por su presunta participación en una ocupación de tierras y otros hechos ocurridos en un predio de la provincia de Napo.
De acuerdo con el documento presentado por la representante legal de la empresa, Flor María Proaño Aguirre, los hechos habrían ocurrido el 8 de julio de 2026, cuando un grupo de personas ingresó sin autorización a la Hacienda ILA, una propiedad de aproximadamente 627 hectáreas ubicada en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola.
La denuncia atribuye a los involucrados presuntos delitos como delincuencia organizada, usurpación, ocupación y uso ilegal de suelo, violación de propiedad privada, intimidación y actividad ilícita relacionada con recursos mineros.
Además de Vargas e Iza, la acción legal menciona a Bolívar Fabián Chimbo Shiguango, Kambak Wayra Alvarado Andy, Mónica Estefanía Palacios Zambrano y Guillermo Vicente Báez Mera, así como a otras personas cuya participación deberá ser determinada durante la investigación.
Según el escrito, algunos de los dirigentes habrían emitido declaraciones consideradas intimidatorias en relación con un eventual desalojo de las personas que permanecen en el predio. La empresa también adjuntó publicaciones difundidas en redes sociales como parte de los elementos entregados a la Fiscalía.
En cuanto a la presunta actividad minera, Terraturismo sostiene que inspecciones realizadas por contratistas detectaron indicios de explotación dentro del área que, según la compañía, permanece ocupada. La denuncia incorpora coordenadas geográficas del sector donde se habrían identificado estas actividades.
Como parte de la investigación, la empresa solicitó a la Fiscalía recibir versiones de los involucrados y de testigos, realizar una inspección en la hacienda, verificar la titularidad del inmueble, preservar evidencia digital y requerir información financiera que pueda aportar al caso.
Asimismo, pidió medidas de protección para la representante legal, trabajadores y administradores de la hacienda, entre ellas la prohibición de acercamiento al predio por parte de los denunciados y patrullajes preventivos en la zona.
