Fiscalía procesa a 60 personas por minería ilegal en Yutzupino, Napo

La investigación, iniciada en 2022, documenta graves daños ambientales

La investigación también identificó la operación de hasta 200 excavadoras y entre 600 y 800 personas dedicadas a la extracción ilícita / Foto: cortesía José Moreno

Quito- La Fiscalía General del Estado imputó a 60 personas por su presunta participación en minería ilegal en Yutzupino, cantón Tena, provincia de Napo. La investigación, iniciada en 2022, documenta graves daños ambientales, incluyendo alteración de suelos, afectación a ríos, vertido de aguas contaminadas y acumulación de residuos en zonas de protección hídrica.

Durante la audiencia de formulación de cargos, que duró más de 16 horas, el fiscal presentó pruebas individuales y comunes, entre ellas un informe basado en sobrevuelos con drones. Este documento evidencia el uso de maquinaria pesada, almacenamiento de combustibles y la formación de piscinas artificiales producto de la actividad minera, realizada sin permisos y de manera antitécnica.

A raíz de la magnitud del daño ambiental, en febrero pasado el Ministerio de Energía y Minas suspendió todas las operaciones mineras en la provincia. Testimonios recabados durante la investigación describen la llegada masiva de maquinaria de distintas partes del país y la participación de operadores locales, así como la obtención de beneficios económicos por parte de algunas comunidades que permitieron el ingreso de equipos.

Peritajes de microscopía electrónica confirmaron la presencia de mercurio, aluminio, hierro, oro y plata en los ríos afectados, evidenciando un riesgo significativo para los ecosistemas y la salud humana.

Como medidas cautelares, los 60 procesados deben presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y tienen prohibido salir del país. Además, se retuvo la maquinaria vinculada al caso y se prohibió su transferencia.

La investigación también identificó la operación de hasta 200 excavadoras y entre 600 y 800 personas dedicadas a la extracción ilícita en las riberas de los ríos Anzu y Jatunyacu, en áreas de bosque nativo. A pesar de un operativo estatal en 2022 con más de mil funcionarios y decenas de allanamientos, la actividad ilegal persiste, evidenciando fallas en la fiscalización y control.

El caso refleja no solo un daño ambiental grave, sino también debilidades institucionales en la supervisión y sanción de la minería ilegal, que requieren medidas más efectivas y estrategias integrales para proteger los recursos naturales de Napo.

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