Gobierno analiza reducir hasta en 80 % la recaudación prevista por la tasa minera

La contribución, vigente desde junio de 2025, generó cuestionamientos del sector minero y varias demandas ante la Corte Constitucional

Durante el primer año de vigencia la recaudación alcanzó alrededor de USD 40 millones, una cifra significativamente inferior a la meta oficial / Foto: cortesía

El Gobierno ecuatoriano analiza modificaciones a la tasa de fiscalización minera creada en 2025, una medida que podría reducir hasta en un 80 % la recaudación inicialmente proyectada por el Estado.

La contribución fue establecida por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) con el objetivo de financiar actividades de supervisión, control técnico y combate a la minería ilegal. Cuando fue presentada, el Ejecutivo estimó ingresos anuales cercanos a los USD 229 millones.

Sin embargo, la aplicación de la tasa generó cuestionamientos de empresas y gremios mineros, que señalaron que los montos establecidos resultaban elevados, especialmente para proyectos en fases de exploración. Según la normativa, el valor a pagar depende del número de hectáreas concesionadas, el tipo de minería y la etapa en la que se encuentra cada proyecto.

De acuerdo con datos difundidos por representantes del sector a Expreso, durante el primer año de vigencia la recaudación alcanzó alrededor de USD 40 millones, una cifra significativamente inferior a la meta oficial planteada por el Gobierno.

La Cámara de Minería del Ecuador ha sostenido que la contribución constituye una carga económica que puede afectar la competitividad del sector y desalentar nuevas inversiones. Además, organizaciones vinculadas a la actividad minera presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la medida ante la Corte Constitucional.

Frente a este escenario, el Ejecutivo evalúa cambios en la estructura de cobro con el fin de disminuir el impacto económico sobre las concesiones mineras y ajustar las expectativas de recaudación previstas cuando se creó la tasa.

La discusión ocurre en un momento en que el Gobierno busca fortalecer los mecanismos de control sobre la actividad extractiva y combatir la minería ilegal, una de las principales justificaciones utilizadas para implementar el nuevo esquema de fiscalización.

Mientras se definen posibles reformas, la tasa continúa vigente y sigue siendo objeto de revisión tanto en el ámbito regulatorio como en el judicial.

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