Las alertas existen desde hace meses, incluso años. El Gobierno dijo, sin precisar nombres ni el estado de las investigaciones, que hay 31 funcionarios del anterior gobierno a quienes se les debería prohibir la salida del país por su presunta participación en actos de corrupción. Fue su reacción a la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación e investigado por peculado en la producción de los enlaces ciudadanos.
A pesar de las preguntas de los periodistas, esos nombres no han sido revelados. Existe, sin embargo, una pista que nace en la Contraloría General: hasta ahora hay, al menos, 17 funcionarios del Gobierno de Rafael Correa que podrían estar implicados en posibles delitos. La entidad de control, entre 2016 y 2018, envió 35 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía para que inicie la investigación.
En la lista hay de todo un poco. Está el mismo Rafael Correa, que vive en Bélgica, o su vicepresidente Jorge Glas, que ya tiene una sentencia por asociación ilícita y detenido desde el lunes en la cárcel de Latacunga. También están ministros de Finanzas, Petróleo, Vivienda, Turismo dos expresidentes de Petroecuador o Agua que también tienen cuentas pendientes con la justicia (ver gráfico).
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