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Nuevo instructivo para contratos mineros genera debate sobre seguridad jurídica

02/06/2026 El Oriente - Redacción

La normativa redefine las reglas para los contratos de explotación minera en Ecuador

Según la cartera de Estado, el instructivo busca ordenar la relación entre el Estado y los concesionarios mineros / Foto: cortesía Revista Minergía Según la cartera de Estado, el instructivo busca ordenar la relación entre el Estado y los concesionarios mineros / Foto: cortesía Revista Minergía

Según la cartera de Estado, el instructivo busca ordenar la relación entre el Estado y los concesionarios mineros / Foto: cortesía Revista Minergía

El Ministerio de Ambiente y Energía emitió el Acuerdo Ministerial MAE-MAE-2026-0056-AM, publicado el 20 de mayo en el Registro Oficial, que fija parámetros obligatorios para la negociación, suscripción y ejecución de contratos de explotación minera en Ecuador. La normativa ratifica que los recursos naturales no renovables pertenecen al Estado y establece requisitos como la delimitación de áreas concesionadas, estudios de factibilidad, planes de cierre y criterios de sostenibilidad ambiental.

Según la cartera de Estado, el instructivo busca ordenar la relación entre el Estado y los concesionarios mineros, así como garantizar una participación adecuada en los beneficios económicos generados por la actividad extractiva. Su cumplimiento será obligatorio para quienes suscriban contratos de explotación minera.

Uno de los aspectos que ha generado mayor discusión es el artículo 8, que dispone que los contratos deberán ajustarse no solo a la normativa vigente al momento de su firma, sino también a las disposiciones legales que entren en vigor durante su ejecución, interpretación o terminación. Esta disposición ha despertado inquietudes sobre la estabilidad jurídica de los acuerdos de largo plazo.

El economista Alberto Acosta-Burneo cuestionó la medida y advirtió que podría implicar cambios automáticos en contratos vigentes, con posibles efectos sobre la inversión minera. Mientras el Gobierno sostiene que la norma fortalece el control estatal y la transparencia, el sector privado observa con atención su impacto en la confianza de los inversionistas y en el desarrollo de proyectos estratégicos para el país.

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