Perú: Roberto Sánchez propone derogar norma que endurece sanciones contra la minería ilegal

El candidato presidencial y líder de Juntos por el Perú cuestionó el decreto que fortaleció las penas y amplió las sanciones a toda la cadena de la minería ilegal.

El candidato presidencial y líder de Juntos por el Perú cuestionó el decreto que fortaleció las penas y amplió las sanciones a toda la cadena de la minería ilegal./ Foto: archivo

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez planteó la derogación del Decreto Legislativo 1695, norma promulgada por el Gobierno de Perú que endurece las sanciones penales contra la minería ilegal y amplía el alcance de los delitos vinculados a esta actividad extractiva. La propuesta ha generado debate en medio de la campaña electoral, debido al impacto que tendría en la lucha contra uno de los principales problemas ambientales y de seguridad que enfrenta el país.

La normativa, aprobada en enero de 2026, incrementó las penas para quienes desarrollen actividades mineras ilegales e incorporó nuevas conductas sancionables, incluyendo el procesamiento, transporte, comercialización y tráfico ilícito de recursos minerales. Además, fortaleció las facultades de investigación de las autoridades para combatir a las organizaciones criminales vinculadas al sector.

De acuerdo con información difundida por medios peruanos, representantes del entorno político de Sánchez suscribieron compromisos con sectores de la minería informal para impulsar la derogación de la norma, argumentando que afecta a pequeños productores en proceso de formalización. El planteamiento se suma a otras iniciativas promovidas por el dirigente de Juntos por el Perú relacionadas con la actividad minera artesanal y la ampliación de mecanismos de formalización.

Sin embargo, diversos sectores consideran que la eliminación del decreto podría debilitar las herramientas legales implementadas por el Estado para combatir la minería ilegal. El Gobierno peruano sostiene que la norma cerró vacíos jurídicos que impedían sancionar todas las etapas de la cadena delictiva y reforzó la capacidad de las fiscalías especializadas para perseguir estos delitos.

La minería ilegal representa uno de los mayores desafíos para Perú por sus impactos ambientales, sociales y económicos, especialmente en regiones amazónicas y zonas de extracción aurífera. En ese contexto, la propuesta de Roberto Sánchez ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre la formalización de pequeños mineros y el fortalecimiento de las medidas de control contra las actividades ilícitas vinculadas al sector extractivo.

Síguenos en:

Google News Canal de Whatsapp Canal de Telegram