Reapertura del catastro minero, uno de los compromisos con el FMI para 2026

El acuerdo con el multilateral fija plazos claros para reactivar el catastro minero y redefinir el marco fiscal del sector

El primer hito es la implementación de la regulación para la apertura del catastro minero / Foto: cortesía Lundin Gold

Quito- El programa económico acordado entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) coloca a la minería en el centro de las reformas estructurales para los próximos dos años. En la cuarta revisión del acuerdo EFF, el sector aparece con compromisos explícitos y calendarizados, enfocados en dos ejes: la reapertura del catastro minero y el diseño de un nuevo régimen fiscal, ambos orientados a fortalecer la transparencia y atraer inversión privada.

El primer hito es la implementación de la regulación para la apertura del catastro minero, con plazo hasta junio de 2026. Este punto es clave, considerando que el catastro permaneció cerrado por más de siete años, convirtiéndose en uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo del sector. Según el FMI, la reapertura es una condición necesaria para ordenar el acceso a concesiones, reducir discrecionalidad y crear un entorno más predecible para los inversionistas.

En línea con este compromiso, el Gobierno ha optado por una apertura progresiva. El viceministro de Minas, Javier Subía, confirmó que el catastro para mediana y gran minería —los segmentos con mayor potencial de inversión y generación de empleo— se habilitará recién en 2026. La reapertura comenzó en julio de 2025 con la pequeña minería no metálica, tras la emisión del acuerdo ministerial 023, y entre julio y noviembre se recibieron más de 300 solicitudes, actualmente en proceso de revisión. Este subsector abarca actividades como extracción de calizas y materiales para construcción, cemento y cerámica.

El segundo eje es el desarrollo de un nuevo régimen fiscal para la minería, con fecha límite diciembre de 2025. De acuerdo con el FMI, este rediseño —apoyado en asistencia técnica del propio organismo— busca mejorar la eficiencia del sistema y su potencial recaudatorio, al tiempo que introduce reglas más claras y estables. El objetivo es corregir distorsiones, simplificar esquemas y ofrecer mayor certidumbre a proyectos de largo plazo, un factor crítico para inversiones intensivas en capital como las mineras.

En conjunto, ambas reformas delinean una hoja de ruta en la que la minería vuelve a posicionarse como sector estratégico dentro del modelo económico. Sin embargo, el impacto no será inmediato. La decisión de postergar la apertura plena hasta 2026 refleja una apuesta por cautela regulatoria y coordinación ambiental, especialmente tras la fusión de los ministerios de Energía y Minas con Ambiente en septiembre pasado.

El desafío será traducir esta gradualidad en confianza efectiva, evitando que los plazos se conviertan en una nueva fuente de incertidumbre para un sector que el propio programa con el FMI identifica como clave para el crecimiento y la diversificación productiva del país.

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