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Según el auto de llamamiento a juicio emitido por la jueza nacional Daniella Camacho, el expresidente de la República Rafael C. habría estado en el mando jerárquico superior de la supuesta estructura de corrupción.
Versiones de los procesados, oficios institucionales, escritos, copias de facturas e información recabada de las computadoras intervenidas, son parte de los elementos de convicción que valoró la jueza nacional Daniella Camacho para llamar a juicio a 10 empresarios privados.
Dentro del caso de corrupción denominado Sobornos 2012-2016, se los acusa de haber entregado recursos, en efectivo o a través del cruce de facturas a cambio de asegurar la adjudicación de contratos con el Estado y los respectivos convenios de pago.
Ellos son: Alberto H. de la compañía Hidalgo & Hidalgo; Víctor F., Fopeca; Ramiro G. y Édgar R., Consermin S.A.; Pedro V., Equitesa S.A.; Bolívar S., Sanrib Corporation S.A. Además, William Ph. Grupo Azul; Rafael C., Metco Cía. Ltda.; Teodoro C., TGC S.A.; y Mateo Ch., SK Engineering & Constructions.
En el testimonio anticipado rendido a inicios de septiembre de 2019 por la exasistente presidencial y procesada en esta causa, Laura T., eran tres altos funcionarios del Gobierno anterior los encargados de gestionar los aportes o contribuciones de los empresarios.
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