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El juicio por plagio abre el gran cisma

13/06/2018 Expreso

Rafael Correa asegura que es una persecución política. Sus seguidores anuncian protestas. El fiscal cree que hay elementos para investigarlo.

Protesta. Los correístas llevaron su queja a la Asamblea. En la foto, la guayaquileña Marcela Aguiñaga. Foto: Expreso

Protesta. Los correístas llevaron su queja a la Asamblea. En la foto, la guayaquileña Marcela Aguiñaga. Foto: Expreso

La defensa de Rafael Correa es política. El expresidente de la República y sus seguidores están seguros que su posible vinculación al proceso que investiga el secuestro del activista Fernando Balda es una “persecución” del actual Gobierno.

Para ellos, no hay argumentos legales o judiciales que valgan. Es más, hasta ahora no se han detenido a discutir los indicios que, según la Fiscalía, han aparecido y que permiten presumir la participación de Correa en los delitos de asociación ilícita y secuestro.

Ayer, vía Twitter, el exmandatario aseguró que el pedido del fiscal de vinculación no tiene ninguna fundamentación, ni se refiere a ningún elemento procesal. “Es decir, primero me ‘vincula’ y luego buscará el porqué. Totalmente inconstitucional, pero cumpliendo las consignas políticas”.

Por la misma vía recibió una explicación: el pedido de audiencia no debe estar motivado, le dijo Felipe Rodríguez, abogado de Balda. Le recordó que en materia penal rige el principio de oralidad. “Solo en audiencia el fiscal debe cumplir con la fundamentación”, añadió.

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