Quito- El contralor general del Estado, Mauricio Torres, compareció ayer, 7 de julio, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Desde que asumió el cargo en noviembre de 2023, la Contraloría General del Estado (CGE) ha ejecutado 110 exámenes especiales a declaraciones patrimoniales de jueces, fiscales y otros funcionarios del sistema de justicia. De ellos, 59 presentan indicios de responsabilidad penal.
Torres detalló que 57 de estos informes involucran a jueces y dos a fiscales. En muchos casos, los funcionarios no han podido justificar incrementos de patrimonio que oscilan entre $ 200.000 y $ 2 millones, cifras que superan ampliamente lo que podrían haber acumulado con sueldos públicos. Estos casos son investigados por presunto enriquecimiento ilícito y también se examina el patrimonio de sus cónyuges e hijos.
Advirtió que existen sistemas de testaferrismo que dificultan la trazabilidad del dinero. Para enfrentar esta realidad, la entidad ha priorizado el acompañamiento preventivo y el control patrimonial como herramientas clave contra la corrupción.
Además, anunció nuevas investigaciones en provincias como Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y El Oro, así como un control especial a la Agencia de Tránsito de Manta. También reveló que se han detectado irregularidades en auditorías pasadas de obras públicas, cuyos responsables serán sancionados si se confirma mala praxis en los exámenes.
