Apertura del catastro minero se estanca por irregularidades en las solicitudes

El proceso arrancó en julio de 2025 con una habilitación parcial limitada a la pequeña minería no metálica

Al cierre de 2025, el Sistema de Gestión Minera registraba 5.640 derechos inscritos y otros 1.605 trámites en cola / Foto: cortesía Tecnología Minera

La reactivación del catastro minero en Ecuador no logra salir de su primera fase. El Gobierno se ha visto obligado a reajustar el cronograma tras detectar que cientos de trámites presentados como minería no metálica ocultaban, en realidad, proyectos de minería metálica.

El proceso arrancó en julio de 2025 con una habilitación parcial limitada a la pequeña minería no metálica. El plan original contemplaba dar el salto a la minería metálica y a proyectos de gran escala pocos meses después; sin embargo, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) sigue empantanada en la etapa inicial.

Guillermo Flores, viceministro de Minas, explicó que la revisión de expedientes se volvió crítica al descubrir que muchas solicitudes apuntaban a zonas con potencial metálico bajo el disfraz de proyectos no metálicos. Esta "trampa" administrativa obligó a la Arcom y al Instituto de Investigación Geológico y Energético (IGE) a auditar minuciosamente la naturaleza técnica de cada polígono solicitado.

Bajo este escenario, el Gobierno estima que la apertura para la minería metálica podría darse recién al cierre del primer semestre de 2026, aunque Flores evitó comprometerse con una fecha exacta. El funcionario subrayó que la prioridad del régimen es captar inversión extranjera a través de la mediana y gran minería, cuyos proyectos pueden alcanzar las 5.000 hectáreas.

El sector privado, por su parte, observa con impaciencia este nuevo retraso. María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, advirtió que el cierre del catastro, que arrastra problemas desde 2018, ha frenado en seco las inversiones en exploración. Para Silva, la parálisis no solo afecta la economía, sino que deja la puerta abierta a la minería ilegal en zonas desatendidas por el Estado.

Al cierre de 2025, el Sistema de Gestión Minera registraba 5.640 derechos inscritos y otros 1.605 trámites en cola. A la lentitud burocrática se suma otra queja del gremio: la tasa de supervisión y control implementada el año pasado.

Si bien esta tasa inyectó USD 3,5 millones a las arcas estatales en 2025, las empresas sostienen que funciona como un desincentivo para los capitales de gran escala que el país intenta atraer.

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