jueves, 10 de septiembre de 2026
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Asamblea aprueba nueva materia sobre desarrollo sostenible para colegios y universidades

La reforma impulsada por ADN incorpora educación ambiental al currículo y asigna nuevas tareas a los gobiernos locales

La reforma establece que la nueva enseñanza forme parte del perfil de salida de los bachilleres / Foto: cortesía Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional aprobó el 9 de septiembre de 2026 una reforma legal que incorpora la Educación para el Desarrollo Sostenible al sistema educativo ecuatoriano. La propuesta plantea que esta formación sea obligatoria y transversal en colegios y universidades.

El proyecto recibió 87 votos de legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN), independientes, así como de algunos representantes del Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik. La exministra de Ambiente y asambleísta de ADN, Sade Fritschi, presentó la iniciativa ante el Pleno.

La reforma establece que la nueva enseñanza forme parte del perfil de salida de los bachilleres. En las universidades también deberá impartirse, con énfasis en los primeros años de las carreras relacionadas con la formación docente.

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Además, las autoridades encargadas de la educación secundaria y superior deberán coordinar con el Ministerio del Ambiente y Energía programas de capacitación continua para profesores en temas de desarrollo sostenible y protección ambiental.

El proyecto también amplía las responsabilidades de los gobiernos autónomos descentralizados. Prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales deberán promover programas de educación ambiental dentro de sus competencias y en coordinación con las autoridades correspondientes y otros gobiernos locales.

La iniciativa generó críticas desde la bancada de la Revolución Ciudadana. El asambleísta Franklin Samaniego señaló que el objetivo ambiental no está en discusión, pero cuestionó que se incorpore una nueva materia mientras persisten problemas como la deserción escolar, el déficit de infraestructura y las limitaciones presupuestarias.

Tras su aprobación, el proyecto será remitido al presidente Daniel Noboa, quien deberá decidir si lo sanciona o presenta un veto. Si entra en vigencia, las disposiciones deberán aplicarse mediante los mecanismos establecidos para el sistema educativo.