Asamblea Nacional aprueba la Ley de Extradición y la envía al Ejecutivo para su revisión

Con 139 votos a favor, el Pleno dio paso al proyecto que reforma el régimen de extradición en Ecuador

El proyecto plantea la modernización de la legislación mediante la incorporación de definiciones técnicas / Foto: cortesía Asamblea Nacional

Quito- La Asamblea Nacional aprobó este martes 7 de julio, con 139 votos afirmativos, el proyecto de Ley de Extradición, una normativa que reforma el marco legal vigente para regular los procedimientos de extradición en Ecuador y fortalecer la coordinación entre las instancias judiciales y diplomáticas.

El proyecto, que ahora será remitido al presidente de la República para su sanción u objeción, plantea la modernización de la legislación mediante la incorporación de definiciones técnicas, procedimientos para la extradición activa y pasiva, así como reglas orientadas a reducir la discrecionalidad en la tramitación de estos casos.

Durante la sesión plenaria, la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Rosa Torres, sostuvo que la normativa responde al mandato ciudadano expresado en la consulta popular de 2024, en la que se aprobó la posibilidad de extraditar a ciudadanos ecuatorianos requeridos por la justicia.

Según el informe de la comisión legislativa, la reforma busca adecuar la legislación al contexto del crimen organizado transnacional, fortalecer las competencias de la Corte Nacional de Justicia y de la vía diplomática, además de establecer mayores garantías procesales para quienes intervienen en estos procedimientos.

En el debate participaron 15 legisladores, quienes coincidieron en la necesidad de actualizar una ley que, según señalaron, permanecía sin cambios sustanciales desde hace más de dos décadas. También se destacó que la normativa pretende establecer mecanismos más ágiles para la cooperación judicial internacional y el procesamiento de delitos de carácter transnacional.

Durante las intervenciones se advirtió que, aunque la ley constituye una herramienta para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, su aplicación deberá complementarse con otras acciones dirigidas a combatir la corrupción y mejorar el funcionamiento del sistema de justicia.

Tras su aprobación en segundo debate, el proyecto será enviado al Ejecutivo, que deberá decidir si lo sanciona o presenta objeciones, conforme a los plazos establecidos en la Constitución.

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