domingo, 15 de noviembre de 2026
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Campo Sacha: Ecuador busca inversión privada, pero aún debe definir las reglas

El Gobierno analiza alternativas para incorporar capital privado al principal campo petrolero del país

El campo registró una producción promedio de 71.536 barriles diarios entre enero y agosto de 2026 / Foto: cortesía Petroecuador

Quito- El futuro del campo Sacha, el mayor productor de petróleo de Ecuador, sigue pendiente de una decisión del Gobierno. Mientras el Ejecutivo busca atraer inversión privada para elevar la extracción de crudo, todavía debe definir el modelo contractual, las condiciones económicas y el mecanismo con el que seleccionará a un socio.

El campo, ubicado en la provincia de Orellana y operado actualmente por Petroecuador, registró una producción promedio de 71.536 barriles diarios entre enero y agosto de 2026, un incremento del 5,6 % frente al mismo periodo de 2025. El resultado refleja la importancia del activo para la producción nacional y el potencial de mantenerlo mediante nuevas inversiones, perforaciones y trabajos de optimización.

Un segundo intento para atraer capital

El Gobierno busca incorporar inversión privada después de que el proceso de 2025 no llegara a concretarse. En febrero de ese año, el Ministerio de Energía adjudicó la operación del campo al consorcio Sinopetrol, después de una recomendación del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH).

La propuesta contemplaba un contrato de participación por 20 años, un pago anticipado de US$ 1.500 millones al Estado y compromisos de inversión cercanos a US$ 1.700 millones. Sin embargo, el acuerdo no se firmó porque el consorcio no pagó el bono dentro del plazo establecido.

El antecedente dejó una pregunta central para el nuevo proceso: cómo atraer capital suficiente para desarrollar Sacha sin comprometer la competencia entre inversionistas ni aceptar condiciones económicas desfavorables para el Estado.

En septiembre de 2026, el presidente Daniel Noboa mencionó el interés de compañías de Emiratos Árabes Unidos, entre ellas ADNOC y Petromal, en el campo. No obstante, ese interés no equivale a una oferta vinculante ni significa que exista un contrato definido.

¿Qué modelo podría utilizar Ecuador?

Entre las alternativas que se han mencionado están los contratos de prestación de servicios, las asociaciones estratégicas y el mecanismo conocido como Swiss Challenge. Este último permite tomar una propuesta inicial como referencia para abrir la competencia a otros inversionistas y, bajo determinadas reglas, dar al proponente original la posibilidad de igualar una oferta mejor.

El consultor energético Nelson Baldeón ha planteado este mecanismo como una alternativa para desarrollar Sacha y maximizar el beneficio económico para Ecuador. Su propuesta busca que el proceso permita comparar ofertas y que las condiciones contractuales prioricen el valor que recibe el Estado, junto con las inversiones necesarias para sostener e incrementar la producción.

El Swiss Challenge es, por ahora, una propuesta de Baldeón, no una decisión oficial del Gobierno. Su eventual aplicación tendría que evaluarse frente a la legislación ecuatoriana y al compromiso de realizar licitaciones públicas abiertas para proyectos energéticos, incluido Sacha, establecido en el acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos, firmado el 13 de marzo de 2026.

“Ecuador debe evaluar el negocio en su conjunto”

En su planteamiento, Baldeón considera un pago inicial de US$ 1.500 millones y una inversión estimada de US$ 1.716 millones para desarrollar el campo. Su análisis también calcula que el Estado podría captar alrededor del 82 % de la renta petrolera generada por el proyecto, bajo los supuestos económicos utilizados en la propuesta.

El argumento central es que Ecuador debe evaluar el negocio en su conjunto y no limitarse al monto que recibiría como prima de entrada. La inversión para desarrollar el campo, la producción esperada y la distribución de los ingresos también son determinantes para establecer cuánto valor económico permanecería en el país.

Según este escenario, la propuesta contempla un valor presente de aproximadamente US$ 6.314 millones y una inyección económica nacional de alrededor de US$ 6.700 millones. Estas estimaciones forman parte de su análisis y dependen de los supuestos empleados para calcular la producción, los precios del petróleo, los costos y los ingresos asociados al proyecto.

El porcentaje del 82 % se refiere a la participación estimada del Estado en la renta petrolera bajo ese escenario; no constituye una rentabilidad garantizada. Del mismo modo, el pago inicial y el capital destinado al desarrollo del campo representan conceptos distintos: el primero corresponde a un ingreso para el Estado, mientras que el segundo financia las actividades e inversiones necesarias para operar el activo.

Por eso, la propuesta plantea la necesidad de comparar las condiciones económicas de una nueva contratación con las del proceso de 2025, utilizando proyecciones actualizadas y criterios financieros comunes para evaluar las ofertas.

Inversión privada y riesgos para el Estado

La discusión sobre Sacha también incluye la forma de financiar las inversiones que necesita el campo. La participación privada permitiría movilizar capital para perforaciones, mantenimiento y optimización de la producción, sin que todos esos recursos tengan que provenir directamente del presupuesto público.

Sin embargo, la participación de un inversionista privado no elimina automáticamente los riesgos fiscales. Las garantías, compensaciones y demás obligaciones que se establezcan en el contrato deben analizarse para determinar qué riesgos asumiría cada parte y cuáles podrían generar compromisos para el Estado.

El modelo elegido también debe establecer metas verificables de producción e inversión, mecanismos de fiscalización y consecuencias ante eventuales incumplimientos. La competencia entre inversionistas solo será efectiva si las reglas están definidas de antemano y permiten comparar las ofertas con criterios transparentes.

Una decisión que va más allá de la concesión

El futuro de Sacha no depende únicamente de encontrar una empresa dispuesta a invertir. Ecuador debe definir un proceso que permita seleccionar al operador bajo reglas claras y establecer condiciones económicas que reflejen el potencial del campo y los riesgos de su desarrollo.

La propuesta de Baldeón abre una alternativa para discutir cómo organizar esa competencia y maximizar el valor que recibe el país. No obstante, sus estimaciones deberán contrastarse con las condiciones reales del mercado y con los términos que finalmente establezca el Gobierno. Sin embargo, el acuerdo no se firmó porque el consorcio no pagó el bono dentro del plazo modificado a 5 días por el Presidente Noboa (La adjudicación otorgó 30 días laborables)

Por ahora, el Ejecutivo todavía debe definir el mecanismo de contratación y las condiciones para incorporar capital privado. Hasta que se conozcan las bases del proceso, el futuro contractual de Sacha seguirá abierto.