Caso Pacayacu: La vida marcada por la operación petrolera

Para Gladys Hurtado cada día es una encrucijada. Un dilema permanente sobre cómo abastecer su hogar de líquido vital. Su comunidad San Juan del Pozo de la parroquia Pacayacu, provincia de Sucumbíos, no tiene ningún sistema de agua y cavar un pozo subterráneo –como han hecho algunos de sus vecinos– no es una opción para ella.

Panorámica de trabajos de remediación que realiza Amazonía Viva en comunidad Juan Montalvo. Foto: Daniela Aguilar

Para Gladys Hurtado cada día es una encrucijada. Un dilema permanente sobre cómo abastecer su hogar de líquido vital. Su comunidad San Juan del Pozo de la parroquia Pacayacu, provincia de Sucumbíos, no tiene ningún sistema de agua y cavar un pozo subterráneo –como han hecho algunos de sus vecinos– no es una opción para ella. Lo intentó en dos ocasiones, varios años atrás, pero el resultado fue el mismo: un líquido aceitoso, maloliente e inservible para el consumo humano. Asegura que estaba contaminado con los desechos petroleros que desde hace más de dos décadas reposan en fosas ubicadas en su propiedad. Con tan escasas opciones, a Hurtado y a su familia no les quedó otra salida que tomar el agua de un arroyo ubicado a pocos metros de su vivienda, que venía medianamente limpia y usaban para ingerir (una vez hervida), asearse y lavar la ropa. Pero, desde hace un año, esa única fuente de agua llega turbia y contaminada. El motivo, según sostiene la mujer de 51 años, es que los residuos provenientes de la remoción de pasivos petroleros que realiza el Estado en esa zona se filtran y llegan al riachuelo. “Cuántas veces no les hemos parado el trabajo”, comenta Hurtado. Añade que está desesperada y que su clamor, como el de otros afectados, es por una solución inmediata. “Que al menos haya un tanquero (camión con agua) que venga una vez por semana”, atina a decir. Ha intentado abastecerse con agua de lluvia pero esta llega cargada de una especie de ceniza, “que se asienta como tierra y huele a petróleo”.

Gladys Hurtado, de la comunidad San Juan del Pozo, señala el arroyo ubicado en la parte posterior de su vivienda, del que se abastece de agua y llega contaminado con hidrocarburos. Foto: Daniela Aguilar

Gladys Hurtado es una de las miles de afectadas por la contaminación que ha dejado la explotación petrolera en la zona, que empezó en los años setenta de la mano de la entonces Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) y Texaco, y que luego continuó con Petroecuador en 1992 y en la actualidad está a cargo de la también estatal Petroamazonas. Se trata del área Libertador del bloque 57, que comprende la parroquia Pacayacu, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. En el nororiente de la Amazonía ecuatoriana. “Aquí no hay río que no haya tenido derrame petrolero ni hay vertiente que no haya tenido contaminación. Ha habido cientos de derrames por fallas mecánicas, humanas o rupturas de tuberías”, asegura en diálogo con Mongabay Latam Wilson Suárez, coordinador del Comité de Afectados por la Contaminación Petrolera en Pacayacu. “Otro problema son los gases (emanados en la explotación hidrocarburífera) y mecheros que pasan prendidos día y noche y provocan lluvias ácidas”, sostiene y agrega que la lista de impactos es larga.

Agua limpia, un clamor en Pacayacu

Suárez también se refiere a la situación de Gladys Hurtado y de muchos otros habitantes de la zona que padecen por la falta de agua de calidad. Asegura “que no hay preocupación del Estado por darle una respuesta positiva a la población”, pese a los reiterados pedidos que han hecho al gobierno local, provincial y nacional. Habla también de los varios frentes que se han formado para afrontar los daños ocasionados por la explotación petrolera. Entre estos destaca el Comité de Afectados, al cual pertenece Suárez, que representa a 86 familias campesinas de la zona que en 2005 iniciaron un juicio contra el Estado ecuatoriano y demandaron a la empresa estatal Petroecuador, junto a su filial Petroproducción. La demanda se resumía en tres puntos: la remediación ambiental de todas las áreas afectadas, la compensación social a toda la comunidad y una indemnización económica a las familias litigantes.

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