Chevron concentra la mayor presión de laudos en la proforma 2025

26/08/2025 El Oriente - Redacción

Según la PGE, podrían ejecutarse arbitrajes adversos por $ 3.639,4 millones en 2025

Chevron mantiene un arbitraje con el Estado ecuatoriano desde 2009 por denegación de justicia / Foto: cortesía

Quito- El segundo presupuesto en la era Daniel Noboa. El Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional la Proforma del Presupuesto General del Estado para lo que resta de 2025, que asciende a $ 40.961 millones, equivalente al 31,7 % del PIB, y proyecta un déficit de $ 5.625 millones (4,4 % del PIB). Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presupuesto prioriza gasto social y seguridad ciudadana, pero también refleja un elevado peso de subsidios y abultadas necesidades de financiamiento externo e interno.

Uno de los apartados de mayor sensibilidad en el documento corresponde a los pasivos contingentes por laudos arbitrales. De acuerdo con la Procuraduría General del Estado (PGE), en 2025 podrían ejecutarse arbitrajes adversos al país por un total de $ 3.639,4 millones, cifra que evidencia un incremento frente al ejercicio anterior.

En 2024, la programación presupuestaria contemplaba laudos por más de $ 2.400 millones, principalmente asociados a Chevron ($ 2.000 millones), Merck & Dohme ($ 48,3 millones), RAO UES ($ 44 millones) y WorleyParsons ($ 198 millones).

Para 2025, la contingencia de Chevron asciende a $ 3.000 millones, lo que convierte a este proceso en el mayor riesgo judicial para el país, con un peso cercano al 4 % del PIB. Junto con este litigio, se suman reclamos de Codelco ($ 567,7 millones), CRBC ($ 35 millones), Acciona ($ 24,2 millones) y Aecon ($ 12,4 millones).

Aunque el MEF aclara que los laudos no constituyen deuda pública efectiva mientras no se ejecuten, su revelación como pasivos contingentes permite dimensionar la magnitud de los riesgos fiscales que enfrenta el Estado. La comparación entre 2024 y 2025 evidencia un incremento de más de $ 1.200 millones en la exposición potencial, principalmente explicado por el ajuste al alza del litigio con Chevron.

La concentración de este riesgo plantea un desafío de primer orden para la sostenibilidad fiscal del país, pues la eventual ejecución de los arbitrajes obligaría al Estado a destinar recursos significativos que podrían comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.