Cooperativas de ahorro son vulnerables al lavado de activos

En 2024, los activos del sector financiero popular y solidario alcanzaron $ 28.250 millones

El estudio señala que más del 99 % de los socios son personas naturales y que 8 de cada 10 no tienen educación superior / Foto: Pixabay

Quito- El sistema de cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador maneja activos que representan el 23 % del Producto Interno Bruto (PIB), la mayor penetración en Sudamérica. Sin embargo, un reciente informe de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) advierte que la estructura del sector lo hace altamente vulnerable al lavado de activos y al financiamiento de delitos.

El estudio señala que más del 99 % de los socios son personas naturales y que 8 de cada 10 no tienen educación superior, lo que los expone a ser utilizados en transacciones ilícitas sin comprender plenamente los riesgos. Esta falta de conocimientos financieros, sumada a la presencia de grupos delictivos organizados, la minería ilegal y el narcotráfico, incrementa la amenaza para la integridad del sistema.

En 2024, los activos del sector financiero popular y solidario alcanzaron $ 28.250 millones, concentrados en un 98 % en las entidades de los segmentos 1, 2 y 3. Estas mismas cooperativas captaron el 99 % de los depósitos, por un valor de $ 22.997 millones, y concentran el 94 % de los puntos de atención en el país. Además, el sector está presente en 15 de los 17 cantones identificados como focos de minería ilegal, lo que facilita la infiltración de fondos ilícitos.

El informe también advierte sobre el crecimiento de canales digitales como la banca celular e internet, que registran un alza superior al 30 % anual, frente a la caída de las transacciones en ventanilla. Esta transformación tecnológica, aunque positiva para la inclusión financiera, también puede ser aprovechada para mover capitales de origen ilícito.

Otros datos preocupantes incluyen la captación del 36 % de los billetes de alta denominación a nivel nacional y la exportación de más de $ 1.000 millones en efectivo al año, a pesar de que Ecuador no importa billetes de 50 y 100 dólares desde 2017. A esto se suma la limitada capacidad operativa de la SEPS para supervisar y prevenir el lavado de activos, dada la insuficiencia de recursos humanos, financieros y tecnológicos.

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