Ecuador ajusta el gasto y los impuestos tras incumplir metas fiscales con el FMI

El desvío en las cuentas de 2025 obliga al Gobierno a apurar reformas y recortes en busca de recuperar el equilibrio fiscal

El último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirma que el país no cumplió con las metas acordadas / Foto: cortesía Ministerio de Finanzas

El desajuste en las cuentas fiscales de Ecuador en 2025 terminó siendo mayor de lo previsto y dejó al Gobierno sin mucho margen para postergar decisiones. El último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirma que el país no cumplió con las metas acordadas y cerró el año con un déficit del -4,3 % del PIB en el Gobierno central.

El deterioro no responde a una sola causa. Por un lado, los ingresos petroleros volvieron a fallar: hubo menos exportaciones y precios más bajos de lo esperado. Por otro, aunque la recaudación tributaria se sostuvo en términos brutos, el ingreso efectivo fue menor por el uso más amplio de beneficios y créditos fiscales.

A eso se sumó el gasto. La reforma al subsidio del diésel redujo parte de la presión, pero obligó a mantener compensaciones para ciertos sectores, lo que terminó elevando el gasto más allá de lo planificado. En un presupuesto con alta rigidez, esos desvíos pesan más.

Con este escenario, el Gobierno optó por acelerar el ajuste. En el frente tributario, las medidas apuntan a ampliar la base del IVA, limitar exenciones y endurecer controles para sostener ingresos más estables. La lógica es clara: reducir la dependencia de factores volátiles como el petróleo.

En paralelo, el gasto entra en una etapa de mayor control. Se busca frenar el crecimiento de la masa salarial pública, priorizar programas esenciales y recortar o postergar rubros menos urgentes. No es un ajuste uniforme, pero sí más estricto que en años anteriores.

Uno de los cambios más sensibles está en los gobiernos locales. La nueva regla que obliga a destinar el 70 % del presupuesto a inversión modifica la forma en que municipios y prefecturas manejan sus recursos y traslada parte del esfuerzo de consolidación fiscal fuera del Ejecutivo central.

El programa acordado con el FMI también fija plazos concretos para reformas en compras públicas, sistema financiero y seguridad social. No se trata solo de cerrar brechas en el corto plazo, sino de corregir problemas que vienen acumulándose.

El organismo respalda las medidas, pero deja una advertencia: el desafío no es el diseño del ajuste, sino su implementación. Con la meta de alcanzar superávit hacia 2028, el Gobierno entra en una fase donde sostener las decisiones será tan complejo como tomarlas.

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