La posibilidad de que el país siga ganando espacio en el mercado europeo, a través de un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) ha quedado truncada, luego de que la Corte Constitucional de Ecuador pusiera reparos, respecto a lo que ambas partes han negociado en temas de compras públicas.
Un Dictamen del Pleno, aprobado con 9 votos el pasado 7 de mayo, resuelve declarar a este acuerdo comercial como constitucional, pero “siempre y cuando se establezca una reserva con respecto al Artículo 6.4 del Capítulo 6”. En él se establece que las empresas o proveedores de ambas partes tendrán un trato igualitario a la hora de adjudicarse contratos que provea de mercancías yservicios a los Estados; no obstante, aclara, eso se contrapone al Artículo 288 de la Constitución de la República que dispone que “en materia de compras públicas, se priorizarán los productos nacionales”.
Esta resolución traba la puesta en vigencia de un acuerdo que fue firmado entre las partes el 25 de junio del año pasado, y que establece preferencias arancelarias a más de 1.000 partidas de productos para que Ecuador y este bloque de países nórdicos (conformado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) puedan hacer un libre intercambio de bienes y servicios.
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