Ecuador construirá megacárceles “que sean necesarias” en su lucha contra el crimen

El Gobierno de Daniel Noboa refuerza su estrategia de seguridad con nuevas prisiones de máxima seguridad para aislar a criminales peligrosos

El Gobierno de Daniel Noboa refuerza su estrategia de seguridad con nuevas prisiones de máxima seguridad para aislar a criminales peligrosos/ Foto: cortesía

El Gobierno de Ecuador anunció que construirá todas las megacárceles que considere necesarias como parte de su estrategia para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, en medio de un contexto de creciente violencia en el país.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para contener a los delincuentes de alta peligrosidad, quienes serán recluidos en centros penitenciarios de máxima seguridad bajo estrictas condiciones de aislamiento.

Actualmente, Ecuador ya cuenta con una primera cárcel de este tipo, conocida como “El Encuentro”, inaugurada en 2025 con capacidad para 800 personas, donde permanecen líderes de organizaciones criminales y figuras condenadas por corrupción.

El Ejecutivo prevé iniciar la construcción de una segunda megacárcel en mayo, con capacidad para aproximadamente 15.000 reclusos y un plazo estimado de hasta 18 meses para su entrega. Además, no se descarta la edificación de más centros penitenciarios en el futuro.

La política carcelaria del presidente Daniel Noboa se inspira en modelos de seguridad aplicados en otros países de la región, como El Salvador, y forma parte de una respuesta más amplia frente al avance de bandas vinculadas a carteles internacionales.

Sin embargo, esta estrategia también ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles vulneraciones a los derechos de las personas privadas de libertad en este tipo de infraestructuras.

La construcción de nuevas megacárceles se enmarca en la política de mano dura impulsada por el Gobierno, que busca recuperar el control del sistema penitenciario y reducir los altos niveles de violencia asociados al crimen organizado en el país.

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