Imaginemos una familia que tiene una finca llena de naranjas. Cada mañana vende sus naranjas, pero cuando quiere tomar jugo debe comprarlo en otra tienda. Lo más absurdo es que termina pagando por el jugo mucho más de lo que recibió por sus propias naranjas.
Eso, en palabras sencillas, es parte de lo que le ocurre al Ecuador con el petróleo.
Nuestro país produce crudo, pero no tiene suficiente capacidad de refinación para fabricar todos los combustibles que necesita. Vendemos petróleo con descuentos por su calidad y compramos diésel, gasolinas y otros derivados a precios internacionales.
Las cifras muestran la gravedad de nuestra dependencia energética.
Durante 2025, Ecuador consumió aproximadamente 290.000 barriles diarios de derivados del petróleo. En el primer trimestre de 2026, esa demanda alcanzó cerca de 301.000 barriles diarios, de los cuales alrededor de 194.000 barriles diarios correspondieron a importaciones.
En otras palabras, aproximadamente 65 de cada 100 barriles de derivados que necesitó el país durante ese período llegaron del extranjero.
¿Cómo puede un país petrolero depender tanto de otros para abastecerse de combustibles?
La respuesta está en décadas de inversión insuficiente, problemas de mantenimiento y falta de planificación.
Las refinerías de Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi tienen una capacidad nominal conjunta cercana a los 176.000 barriles diarios de procesamiento de crudo. Sin embargo, su producción efectiva suele ser inferior por fallas operativas, paradas de mantenimiento y limitaciones tecnológicas.
Y hay algo más preocupante.
El presidente de Saudi Aramco, Amin Nasser, advirtió recientemente que el diésel ronda los 200 dólares por barril y que reconstruir los inventarios mundiales de petróleo podría tomar hasta dos años. Esa referencia corresponde a un mercado y momento determinados; no representa necesariamente el precio que paga Ecuador en cada contrato.
Hagamos una cuenta sencilla.
Si Ecuador vende un barril de petróleo a 80 dólares y compra uno de diésel a 200 dólares, necesita vender dos barriles y medio de crudo para comprar un solo barril de diésel.
Es un ejemplo ilustrativo, no la relación efectiva de todos nuestros contratos. Pero permite entender el problema: exportamos materia prima y dependemos de productos refinados que pueden encarecerse mucho más.
¿Quién paga esa diferencia?
La pagan los ecuatorianos.
El diésel mueve camiones, autobuses, tractores, barcos pesqueros, maquinaria industrial y parte de nuestra generación eléctrica. Cuando se encarece, aumentan los costos de transportar alimentos, producir bienes y mantener funcionando la economía.
Y cuando el Estado subsidia determinados combustibles, parte de ese costo también termina presionando las finanzas públicas.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
Durante décadas cambiamos gobiernos, ministros y discursos, pero no construimos una política energética coherente que garantizara inversión, producción, refinación eficiente y abastecimiento.
Mientras otros países fortalecieron su infraestructura energética, Ecuador acumuló problemas operativos y mantuvo una elevada dependencia de las importaciones.
El petróleo que permanece bajo tierra no paga hospitales ni escuelas. Y una refinería que no funciona adecuadamente tampoco genera los combustibles que necesitamos.
¿Qué debemos hacer?
Primero, recuperar la capacidad operativa y la confiabilidad de nuestras refinerías. Segundo, atraer inversión privada transparente para explorar y producir más petróleo responsablemente. Tercero, evaluar técnicamente nuevas inversiones en refinación y almacenamiento, sin repetir proyectos costosos que nunca se concretan.
También debemos mejorar la comercialización de nuestro crudo, reducir pérdidas, utilizar eficientemente los recursos públicos y establecer una política energética que sobreviva a los cambios de gobierno.
No se trata de ideologías. Se trata de matemáticas, productividad y sentido común.
Ecuador no puede seguir comportándose como una familia que vende la fruta, compra el jugo importado y después se sorprende porque el dinero no le alcanza.
El verdadero riesgo para 2027 no es solamente que el diésel internacional continúe caro. Es que Ecuador siga dependiendo de las importaciones sin haber corregido sus debilidades estructurales.
Porque un país que produce petróleo, pero no garantiza su abastecimiento energético, compromete su competitividad, sus finanzas públicas y su futuro.
La seguridad energética no se consigue con discursos. Se construye con inversión, producción, eficiencia y decisiones de Estado.
