El 55 % de mujeres de una provincia andina de Ecuador ha sufrido violencia, según encuesta

El informe advierte además sobre la vulnerabilidad socioeconómica: el 83,6 % de las mujeres no accede a seguridad social

El informe advierte además sobre la vulnerabilidad socioeconómica: el 83,6 % de las mujeres no accede a seguridad social/ Foto: cortesía

Quito, 15 dic (EFE).- El 55,1 % de las mujeres de la provincia andina de Imbabura, ubicada al norte de Ecuador, ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, una realidad que la han vivido especialmente las afrodescendientes e indígenas y también quienes residen en las zonas rurales de los seis municipios que conforman ese territorio.

Así lo revela el informe de los resultados de una encuesta provincial sobre violencia basada en género impulsada por el programa Warmi de la Prefectura de Imbabura, y realizada con el apoyo técnico y financiero de la Cooperación Alemana (GIZ), que también permitió identificar las múltiples violencias que sufren las mujeres, como la física, psicológica, sexual, política o económica, y analizar los factores que contribuyen a su persistencia.

La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère, señaló a EFE que son "las mujeres racializadas" quienes "sufren mayores niveles de violencia", sobre todo "en el ámbito laboral, donde se combinan el racismo y la precariedad de los trabajos no formales".

Además, señaló que el estudio llena un vacío de información, pues se han dado cuenta de que hay territorios que concentran altas cifras de violencia contra las mujeres que "nunca fueron visibilizadas a nivel nacional".

Por ejemplo, los municipios de Urcuquí, Antonio Ante y Otavalo son los que registran las mayores prevalencias de violencia machista, con un 61,2 %, 60 % y 56,2 %, respectivamente, de mujeres que aseguran que la han sufrido.

En estos tres territorios, predominantemente rurales, hay "modelos familiares tradicionales más jerárquicos", persisten "mecanismos informales de resolución de conflictos" y existe "una débil articulación entre sistemas comunitarios y servicios institucionales de protección, lo que limita la interrupción temprana de los ciclos de violencia", se asegura en el informe.

En toda la provincia la violencia psicológica es la más frecuente, con un 41,7 %, seguida de la sexual (32,6 %) y la física (19,2 %); y también se registran agresiones en el ámbito educativo, laboral, familiar y comunitario, con especial impacto en las mujeres indígenas y afrodescendientes, que denuncian prácticas sistemáticas de discriminación y violencia simbólica.

El informe advierte además sobre la vulnerabilidad socioeconómica: el 83,6 % de las mujeres no accede a seguridad social y apenas el 7,6 % cuenta con empleo formal.

Los resultados de la encuesta, que se realizó a 2.601 mujeres en toda Imbabura, revelan que ellas también se enfrentan a barreras lingüísticas y geográficas que dificultan la denuncia y el acceso a la justicia, y que en varias comunidades la violencia "sigue siendo tratada como un asunto privado, lo que contribuye al subregistro y limita la identificación temprana de situaciones de riesgo".

Vercoutère aseguró que hay una ausencia del Estado en los territorios rurales e indígenas del país, lo que dificulta la protección de los derechos de las mujeres.

"La institucionalidad se concentra en la capital, mientras que en los cantones rurales los servicios son limitados. Históricamente, el Estado ha abandonado estos territorios, delegando la justicia en las autoridades comunitarias sin asumir plenamente su responsabilidad", señaló.

Frente a este situación, destacó la reciente inauguración en el municipio de Urcuquí de un Centro Warmi, donde se asiste a mujeres víctimas de violencia, y adelantó que se prevé abrir otro en Antonio Ante en 2026, para atender dos de los territorios con mayores índices de violencia en Imbabura. EFE
 

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