El 73% de peruanos exige mano dura contra la minería ilegal al próximo presidente

Encuesta de Ipsos revela que la minería ilegal se percibe como una amenaza económica, política y social, con creciente influencia en las elecciones de 2026

Encuesta de Ipsos revela que la minería ilegal se percibe como una amenaza económica, política y social, con creciente influencia en las elecciones de 2026/ Foto: cortesía

La minería ilegal se ha convertido en una de las principales preocupaciones del electorado peruano de cara a las elecciones generales de 2026. Según una encuesta de Ipsos, el 73% de los ciudadanos considera “muy importante” que el próximo presidente adopte una postura firme frente a esta actividad ilícita, reflejando su creciente peso en la agenda pública.

El estudio, elaborado para el colectivo País Seguro, evidencia que este fenómeno ha dejado de ser un problema sectorial para consolidarse como una amenaza multidimensional que afecta la economía, la política, la sociedad y el medioambiente. En ese contexto, la minería ilegal comienza a perfilarse como un tema clave que podría influir en la decisión de voto de los ciudadanos.

La percepción ciudadana sobre su impacto es contundente. El 43% de los encuestados considera que esta actividad ilícita es la que más dinero mueve en el país, incluso por encima del narcotráfico. Además, amplias mayorías coinciden en que se trata de un delito perjudicial para el Perú y vinculado al crimen organizado.

El informe también revela una creciente desconfianza en la capacidad del Estado para enfrentar este problema. Dos tercios de los consultados señalan que la minería ilegal ha aumentado en el último año y que las autoridades no están tomando medidas efectivas para contener su expansión.

A esto se suma la preocupación por su influencia en la política. Un 71% considera probable que esta actividad financie campañas al Congreso, mientras que el 69% cree que también podría estar detrás de candidaturas presidenciales. Incluso, el 64% advierte el riesgo de que mafias vinculadas a la minería ilegal lleguen a controlar el poder político.

Especialistas advierten que esta problemática no está siendo abordada con claridad en los planes de gobierno. De hecho, solo una parte de las organizaciones políticas ha planteado propuestas concretas frente a la minería ilegal, lo que incrementa la preocupación ciudadana sobre el futuro manejo del sector.

En este escenario, la exigencia de una respuesta firme por parte del próximo gobierno no solo refleja el rechazo a una economía ilegal en expansión, sino también el temor a su creciente penetración en las instituciones y en el sistema democrático del país.

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