El correísmo denunció ante la CIDH graves violaciones a derechos en protestas

El Colegio de Abogados de Imbabura, en cambio, ha pedido a la Fiscalía que investigue a los dirigentes de las organizaciones indígenas

Las protestas se iniciaron el 22 de septiembre y se concentraron en la norteña Imbabura / Foto: EFE

Guayaquil- Asambleístas del correísmo denunciaron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "las graves violaciones a los derechos" cometidas "por parte del Gobierno" ecuatoriano durante las manifestaciones indígenas que duraron un mes y concluyeron en la víspera.

"Hemos presentando hoy una denuncia formal ante la CIDH alertando las graves violaciones a los derechos en Ecuador por parte del Gobierno nacional durante las manifestaciones. Adicional, se han solicitado medidas cautelares para las víctimas directas de la brutal represión del régimen", explicó Jaime Estrada, integrante en la Asamblea Nacional (Parlamento) por el movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

"Aspiramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo reciba y se abra una comisión para que se inicie un proceso de veeduría a los derechos humanos y a las violaciones de estos mismos en el proceso de las manifestaciones", añadió Estrada.

Las manifestaciones fueron convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país andino, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decidiera eliminar el subsidio al diésel, aunque poco a poco se sumaron más demandas.

Las protestas se iniciaron el 22 de septiembre y, aunque hubo cortes de carreteras en algunas provincias del país, se concentraron en la norteña Imbabura, donde fallecieron dos comuneros del pueblo indígena kichwa: Efraín Fuerez y José Guamán, a causa de disparos presuntamente procedentes de militares, durante los días más intensos de los enfrentamientos en los que las fuerzas de seguridad buscaban despejar las vías.

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos reportaron que las manifestaciones dejaron cerca de trescientos heridos, mientras que el Ministerio del Interior informó que en total se detuvieron a 142 personas, entre ellas al menos doce comuneros que han sido procesados y enviados a prisión preventiva por el delito de terrorismo.

El Colegio de Abogados de Imbabura, en cambio, ha pedido a la Fiscalía que investigue a los dirigentes de las organizaciones indígenas que lideraron las manifestaciones por delitos como terrorismo, odio, paralización de servicios públicos, daño a bien ajeno, lesiones, intimidación, daños a la naturaleza, entre otros, de acuerdo a reportes de medios locales.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, anunció en la víspera el cese del paro, después de que el Gobierno había decidido no seguir con el proceso de diálogo que había iniciado con algunas organizaciones de Imbabura.

El líder indígena aseguró que la medida buscaba "proteger" la vida del pueblo, ya que el Gobierno había ordenado una "brutal represión" en contra de las comunidades.

Tras ese anuncio, la Policía y las Fuerzas Armadas empezaron a despejar poco a poco las carreteras que estaban cerradas por manifestantes, trabajos que continuaban este jueves, ya que, según el ministro del Interior, John Reimberg, aún faltaban unos siete tramos por habilitar al tránsito. EFE

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