El Gobierno reconoce $ 3.639 millones en laudos arbitrales dentro de la Proforma 2026

El documento refleja el peso de los arbitrajes en el riesgo fiscal

La Procuraduría General defiende al Estado en varios procesos arbitrales / Foto: cortesía Procuraduría General

Quito- El Anexo 4 de la Proforma Presupuestaria 2026, remitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Asamblea Nacional, confirma que los laudos arbitrales internacionales representan uno de los principales riesgos fiscales para el Estado ecuatoriano. El documento identifica contingencias por $ 3.639 millones vinculadas a arbitrajes en curso o pendientes de ejecución, las cuales no forman parte del total de $ 4.170,9 millones en pasivos contingentes reportados por el MEF —compuestos principalmente por garantías soberanas y líneas de crédito. El propio informe aclara que los laudos no constituyen deuda pública efectiva y solo se registran como pasivos en caso de materializarse.

En el caso de los laudos, estos montos, informados por la Procuraduría General del Estado (PGE), corresponden a procesos arbitrales en curso o con sentencias pendientes de ejecución. Aunque no representan deuda pública efectiva, su eventual materialización tendría un impacto significativo en las finanzas del país.

El informe también registra otros compromisos contingentes, entre ellos garantías soberanas, líneas de crédito y operaciones comerciales. En esta última categoría, se identifica un caso individual: Schlumberger, con un pasivo contingente de $ 168 millones vinculado a un contrato operativo con Petroecuador. Es la única obligación comercial de monto relevante detallada en el anexo.

Como referencia, en la Proforma 2025, los laudos arbitrales ascendían a aproximadamente $ 2.400 millones, principalmente asociados a litigios con Chevron, Merck & Dohme, RAO UES y WorleyParsons, según la PGE. Sin embargo, en la Proforma 2026 no se especifican las empresas o casos que explican el incremento de más de $ 1.200 millones frente al ejercicio anterior.

El MEF subraya que la incorporación de estos pasivos en el anexo tiene como objetivo transparentar los riesgos fiscales latentes y fortalecer la gestión preventiva de litigios. Para 2026, se prevé el desarrollo de un marco metodológico uniforme que permita estimar la probabilidad de materialización de cada contingencia, con el fin de reforzar la sostenibilidad fiscal y la credibilidad de la programación presupuestaria.

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