El gobierno y las telefónicas se alistan a retomar negociaciones

Una de las opciones es que las operadoras paguen dinero al Estado e inviertan en ampliar la cobertura de su servicio en zonas como la Amazonía.

Las telefónicas Conecel (Claro) y Otecel (Movistar) renegociarán sus concesiones / Foto: Pixabay

Quito- Un nuevo intento para sellar un acuerdo. El gobierno y las telefónicas Conecel (Claro) y Otecel (Movistar) se alistan para sentarse a renegociar las concesiones por el espectro de telefonía celular para seguir operando en Ecuador. En junio de 2024 se retomarán oficialmente las conversaciones porque el plazo legal vence en septiembre del mismo año.

Las empresas de telefonía celular buscan renegociar los contratos del espectro actual en el que operan más una ampliación para poder desplegar la red 5G o de quinta generación. En 2023 se vencían sus contratos, suscritos en 2008, pero por falta de acuerdos se abrió un tiempo de prórroga para seguir con las conversaciones y puedan seguir operando en el país, mientras se llega a un acuerdo.

Por esta renegociación de contratos, el Gobierno ecuatoriano espera recibir dinero. ¿La cantidad? Este es un punto polémico porque hay dos puntos de vista sobre este tema. En el Presupuesto General del Estado 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) calculó que el Estado recibiría $ 560 millones por la renegociación con las operadoras telefónicas. El ministro de Telecomunicaciones, César Martín, aclaró que esa es una cifra referencial y que ese cálculo es un ingreso proyectado para 15 años.

En ese contexto, Martin señaló que una de las posibilidades es plantear un “esquema híbrido” de contrato con las operadoras, que permita recibir dinero al fisco más inversión por parte de las empresas en mejora de calidad y cobertura. Es decir, el Estado no recibiría los $ 560 millones, sino una parte de esa cantidad, lo cual está por determinarse, y el resto sería inversión para ampliar la cobertura celular en zonas como carreteras o la Amazonía ecuatoriana.

Las empresas telefónicas han señalado que no es conveniente el esquema de un pago alto al Estado debido a que enfrentan un escenario más complicado que en décadas pasadas. Las empresas telefónicas, argumentan, ahora ganan menos dinero y un pago fuerte afectaría su negocio.